La investigación sobre la malversación de los Planes Potenciar Trabajo en Gualeguaychú derivó en la detención de una supuesta referente social y la vinculación de su "jefa" a nivel nacional.
A su vez, a la fecha, se encuentran 20 personas implicadas en la causa que lleva adelante el juez Federal Hernán Viri, desde el Juzgado de Gualeguaychú. En la pesquisa se detectaron numerosas irregularidades, posible enriquecimiento ilícito, y la sospecha de extorsión hacia los beneficiarios de los planes nacionales.
A los 23 allanamientos de septiembre, este miércoles se sumaron 13 procedimientos más: 12 de ellos en la ciudad en barrios de la zona norte, sur y oeste junto a otro allanamiento en La Matanza, Buenos Aires, según da cuenta el sitio R2820.
La causa se inició a raíz de diferentes denuncias telefónicas efectuadas a la línea 134 ofrecida por el Ministerio de Capital Humano en diciembre del año 2023.
De la investigación llevada adelante por el Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo del Dr. Hernán Viri, se comprobó que en los movimientos sociales Cuba MTR, Evita y UTEP, algunas de sus líderes exigían un monto de dinero de aproximadamente un 10% de lo que les correspondía a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo (el porcentaje dependía de cada caso). Y no solo eso, sino que también les exigían a los beneficiarios la entrega de dinero a cambio de darles los bolsones de mercadería que brindada el Estado Nacional.
Además, también se les exigían que concurrieran a las marchas, a los cortes, a los acampes –tomando lista de asistencia- y que debían realizar actividades proselitistas (entrega de boletas y venta de rifas) bajo amenazas de dar de baja los planes y negarle la entrega de la mercadería en cuestión.
En forma paralela el Juez Federal Viri dispuso abrir una investigación patrimonial con relación a los denunciados, y en ese marco se pudo constatar la existencia de una gran cantidad de transferencias bancarias por parte de los beneficiarios de los planes sociales a las referentes de los movimientos locales de Gualeguaychú para pagar el porcentaje antes dicho.
Más aún, muchas de esas transferencias también se les realizaban a los familiares de las referentes, quienes se encargaban de la administración de dichos “fondos”.
A modo de ejemplo, y para tener una real dimensión de la maniobra ilícita, solamente a uno de los hijos de la principal investigada se le transfirieron desde 2020 hasta 2024 la suma de 51 millones de pesos –eso únicamente en una billetera virtual-, con lo cual si se tienen en cuenta todas las otras modalidades de “pago” y a todas las otras referentes, se estima que los montos son muchísimo mayores.
Además, también surgió de la investigación que hubo reiteradas transferencias de parte de las referentes de Gualeguaychú hacia una importante líder social nacional, con asiento en La Matanza, provincia de Buenos Aires, por grandes cantidades de sumas de dinero.
La principal investigada a pesar de encontrarse registrada únicamente como pensionada, adquirió 3 vehículos 0km entre 2022 y 2023 y terrenos. También, se demostró que el nivel de vida de las investigadas, como de su círculo familiar, era muy alto y totalmente incongruente con los ingresos declarados y que podían demostrar.
Fue así que en septiembre el Juzgado Federal de Gualeguaychú dispuso que se hicieran 23 allanamientos, ocasión en la que se secuestró una gran cantidad de celulares y documentación que respaldaron todo lo que se venía investigando.
Pese a ello, y tras efectuarse esos allanamientos, las referentes de las organizaciones sociales antes mencionadas continuaron cometiendo los mismos ilícitos, pero cambiando el procedimiento. Ahora las líderes de los movimientos sociales cobraran el dinero en efectivo del pago compulsivo -a condición de no perder el plan-, para que de tal forma no quedaran registradas las operatorias con las transferencias bancarias (como sí había sucedido antes).
Nuevos allanamientos
Fue por eso que se realizaron este miércoles 18 de diciembre, 13 nuevos allanamientos para poder interrumpir definitivamente dichas actividades ilegales, el secuestro de prueba referida a nuevos investigados de las organizaciones sociales y se dispuso la detención e incomunicación de la principal investigada, para que del mismo modo cesaran con las amenazas y los cobros a los beneficiarios de los planes sociales.
Uno de esos allanamientos se llevó a cabo en la localidad de La Matanza, lugar donde residía la referente nacional, habiendo dado resultado positivo tal procedimiento.
Además, en varios allanamientos realizados en la ciudad de Gualeguaychú, en domicilios particulares de las referentes sociales investigadas, se encontró una gran cantidad de mercadería que sería para entregar a los beneficiarios de los planes, todo lo cual fue secuestrado por el Juzgado Federal y puesto a disposición del Ministerio de Capital Humano.
