El Ministerio Público de la Defensa pidió la “morigeración” de la prisión preventiva que cumplen, desde agosto último en las unidades penales de Paraná, cinco de los ocho condenados en el grave caso de abusos a tres hermanos de Oro Verde.
Luis Pedemonte, defensor en Casación del Ministerio Público Pupilar, solicitó la “morigeración de la prisión preventiva que cumplen en las unidades penales de Paraná”. Al respecto, planteó que “no podemos dejar de tener en cuenta que se encuentra impugnada la sentencia de casación y la prisión preventiva dictada en autos, impugnación que está actualmente en trámite” ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En agosto pasado, la Cámara de Casación Penal de Concordia hizo lugar a una petición del Ministerio Público Fiscal y envió a la cárcel a 5 de las 8 personas condenadas por los graves abusos sexuales de los que fueron víctimas tres hermanos, cuando era menores, en la ciudad de Oro Verde. Cinco de esas personas, entre ellos la madre de los tres hermanos, fueron enviados a la cárcel; el sexto, cumplirá arresto domiciliario, medida que ya tienen otras dos personas sobre quienes recayó la sentencia condenatoria.
Con el voto de los tres vocales de la Casación de Concordia, María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y Darío Gustavo Perroud, el tribunal resolvió “hacer lugar a la solicitud de prisión preventiva promovida por los representantes del Ministerio Público Fiscal, Dra. Matilde Federik y Dr. Mariano Budasoff.
En consecuencia, ordena la inmediata detención y posterior traslado del tío materno (G.A.S.), el novio de un tío (D.A.C.) y el locutor de Gualeguaychú, que fue novio de un tío materno (A.I.G.) a la Unidad Penal N°1 de Paraná.
Mientras que la madre de las víctimas (M.J.S.) y la tía de los hermanitos abusados (L.L.S.), que serán llevados a la Unidad Penal N°6 de mujeres en Paraná, a disposición de este Tribunal y causa, hasta que el presente resolutorio se torne ejecutable”, indica la resolución.
Además, Casación dispuso “la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria y hasta que la sentencia recaída en autos se torne ejecutable, del abuelo de las víctimas (J.P.S.) (…), a quien citó “a la Mesa de Entradas de la Sala I de esta Cámara de Casación de Paraná, para el día viernes 18/08/2023 en horario de atención al público (de 7:00 a 13:00 hs.), debiendo comparecer acompañado de quien habrá de oficiar como garante de la medida cautelar dispuesta, a los fines de la suscripción por ambos de la respectiva Acta compromisoria”, señala el fallo al que accedió EntreRíosAhora.
Según se pudo conocer, el pasado viernes, la Fiscalía solicitó que los condenados, sean alojados en la cárcel, hasta que la sentencia quede firme, puesto que los condenados aún pueden acudir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La defensa interesó la prisión domiciliaria y Fiscalía se opuso.
“No puede obviarse entonces, que aún está en crisis- desde nuestro punto de vista – el cumplimiento de la garantía de doble conforme, dado que aún falta la revisión extraordinaria sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, por lo que no corresponde aún descartar que la sentencia de casación y de condena puedan ser anuladas”, dice el escrito de Pedemonte.
Y agrega: “Ante esa situación, nos encontramos ahora con la posibilidad de solicitar el arresto domiciliario de las personas imputadas que hoy sufren cárcel cautelar. A tal fin se ofrece, un único domicilio en la ciudad de Paraná para que residan en caso de que se haga lugar, todas las personas que asisto, dado que el domicilio cuenta con comodidades para que puedan alojarse”.
“Más allá de entender respetuosamente – y de allí la impugnación extraordinaria interpuesta también contra la prisión preventiva dictada – que de ninguna manera se puede afirmar con fundamento la posibilidad de riesgo de fuga por parte de mis defendidas/os pensamos que la extrema medida cautelar dispuesta hasta el momento, puede ser morigerada, dado que existe un vasto catálogo de medidas de coerción personal alternativas en nuestra ley adjetiva respetuoso de las garantías judiciales, -en este caso concretamente se propone la sustitución por arresto domiciliario- y además se basa esta petición en una interpretación de la prisión preventiva en cárcel como último recurso”, sostuvo.
Según Pedemonte, “el encierro anticipado que hoy sufren las personas que defiendo técnicamente en esta causa, se encuentra en contradicción con principios constitucionales, pilares de nuestro sistema de derecho, como el derecho a la libertad, el principio de inocencia y el principio de intrascendencia de la pena, y para ello, se sostiene una postura que contradice la doctrina de la Sala N° 1 en lo Penal de la Provincia desarrollada desde el precedente Delfín hasta la actualidad”
El defensor oficial planteó que “mis defendidas/os cuentan con arraigo familiar, y residencia estable”, y que una de las detenidas “padece problemas salud que requieren tratamiento e incluso intervención quirúrgica tal como se viene llevando a cabo en estos días en el Hospital San Martín. Lo dicho, sumado al compromiso demostrado en autos para estar a derecho, hace plenamente justificable la razonabilidad de un arresto domiciliario para el caso que se considerado por el Tribunal indispensable como medida de coerción personal, previa suscripción de acta compromisoria personal ante el Tribunal y de la correspondiente hipoteca en caso de que sea ello necesario, según mejor y más elevado criterio del Tribunal como requisito para la morigeración”.
El fallo condenatorio
Cabe recordar que en noviembre de 2022, condenaron con penas de 9 a 25 años, a los juzgados por los abusos sexuales a tres hermanitos, pudo saber Elonce. Se recordará que el expediente, se investigó cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los tres menores para rituales sexuales. Entre los acusados que fueron juzgados, estaba el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.
La madre de las víctimas fue condenada a 25 años; mientras que el funcionario policial retirado recibió una pena de 22 años de cárcel, al igual que la tía de los hermanitos, pudo saber Elonce. Los otros juzgados también recibieron penas de entre 9 y 20 años.
Por tratarse de delitos contra la integridad sexual el debate se desarrolló a puertas cerradas, inicializándose los nombres de las personas imputadas y condenas para resguardar a las víctimas.
Así lo resolvió el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, al dar a conocer el adelanto de sentencia en el marco del juicio por presuntos delitos contra la integridad sexual en Oro Verde.
En el desarrollo de la audiencia realizada esta mañana en la sala 1 de los tribunales de Paraná, la vocal Carolina Castagno aseguró que los abusos sexuales denunciados por las víctimas, menores de edad al momento de haber ocurrido, fueron acreditados durante el juicio.
Todos los condenados continuaron en libertad porque el Tribunal resolvió no hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella de dictar la prisión preventiva de los imputados.
Durante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares.
El detalle de las penas a los acusados
Por unanimidad, el Tribunal fijó las siguientes condenas para las y los imputados:
M.J.S. (madre de las víctimas) : 25 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).
L.L.S. (tía de los menores): 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor material del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).
W. F., M.R. (Mario René Wolff Furlong): 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero).
S., J.P. (el abuelo materno): 20 años de prisión de cumplimiento efectivo de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).
D.A.C. (novio de un tío de los menores): 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).
G. A. S. (tío materno): 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).
N.Y.A. (mujer): 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo de comisión y por el vínculo, reiterada.
I.A.G. (exnovio de un tío materno): 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable de los delitos de abuso simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.
Todos los condenados continuaron en libertad porque el Tribunal resolvió no hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella de dictar la prisión preventiva de los imputados.
La larga historia de la causa que estuvo "dormida"
El periodista de policiales, Néstor Bellini, detalló a Elonce que "la causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales en julio de 2013. Los hechos datan de 2005 a 2011 y las víctimas son tres niños. La causa desde 2013 a 2017 estuvo prácticamente dormida. Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas".
"La fiscal pidió la nulidad de todo lo actuado hasta septiembre de 2017 y dio una ampliación de requerimiento fiscal, revisando las imputaciones. El 24 de agosto hubo una rueda de reconocimiento donde los chicos volvieron a los Tribunales de Paraná, siendo ya mayores de edad, y reconocieron a varias de las personas, sindicadas como sospechosas de haber sido partícipes de estos abusos sexuales en rituales", comentó.
Asimismo, dijo que "entre los 11 imputados hay dos policías y uno de ellos es un comisario general: Mario René Wolff Furlong. Ahora él está retirado, pero en ese momento estaba en actividad. En el expediente hay datos que hablan de que este hombre podría tener una responsabilidad aún mayor que la que se le atribuye respecto a los abusos. Hay un dato que dice que este hombre habría liberado la zona de camino hacia Santa Fe por el Túnel para trasladar a una de las víctimas a la vecina provincia".
Finalmente, se confirmaron los procesamientos
En diciembre de 2019, el Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde que rescató la fiscal Laura Cattáneo. Deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.
Según se publicó respecto a este tremendo caso, los menores eran víctimas de un plan sistemático. Cuando los chicos empezaban a abandonar la etapa de bebés y se acercaban a la niñez, la madre los empezaba a "preparar" físicamente para que sus partes íntimas luego "aceptaran" los abusos sexuales a los que ella misma los sometía y a los que los someterían más tarde los clientes que integraban una red de prostitución infantil en la localidad de Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, la capital de la provincia.
La ex fiscal Cattáneo rescató la causa
Según consta en la investigación judicial que llevó adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011, época en la que tres de cuatro hermanos fueron abusados y violados, tanto por el círculo más cercado de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.
Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo acaba de confirmar los procesamientos de todos los imputados: son 11 personas que afrontaron el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal, indica un informe de Diario Junio.
Quiénes son los acusados
Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.
Los otros acusados eran la madre, la tía, el tío, el abuelo y seis personas más que eran quienes “compraban” a los menores, entre ellos, un hombre consignado en el expediente, como locutor de radio en la ciudad de Gualeguaychú.
Los detalles de los escalofriantes hechos
A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos "preparado" para que sus cuerpos "toleraran" los abusos sexuales a los que luego los sometería.
Esas "preparaciones" consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.
Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.
“Facilitación”
Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como "observadores" pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.
Las "fiestas" y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores - hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.
Pero los abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.
Testimonios
Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo -la abuela fue declarada insana y apartada de la causa-. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación de siete personas más que eran quienes compraban los servicios sexuales de los menores.
En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.
“Utilizados como mercancía”
Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: "Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad".
En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que "el daño ocasionado a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (. . . ) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes aún perduran".
