El secretario privado del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, el sacerdote Mario Javier Gervasoni, enfrenta una causa judicial por falso testimonio.
La investigación es impulsada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, y surgió luego de que el cura Gervasoni testimoniara, el 8 de abril último ante la jueza Susana María Paola Firpo, que investiga los abusos a menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, que tiene como único imputado al cura Justo José Ilarraz.
Aunque la declaración de Gervasoni era esperada con expectación, el cura finalmente no aportó demasiado. Tuvo olvidos, dijo no recordar mucho, y, lo más relevante, contó que nunca supo por qué en 1995 le pidieron que testimoniara en el marco de la investigación diocesana que ordenó realizar el entonces arzobispo Estanislao Karlic frente a las primeras denuncias que se conocieron contra Ilarraz.
Esos olvidos, y fundamentalmente la reticencia del sacerdote a contar lo que supuestamente conoce del caso Ilarraz llevaron al fiscal Ramírez Montrull a impulsar la acusación contra el secretario de Puiggari por falso testimonio. El argumento fue que se incurre en ese delito no sólo por mentir, sino también por no contar todo lo que se sabe de un hecho que investiga la Justicia.
Gervasoni, que nació en Paraná en 1971 y se ordenó sacerdote en 1996, dijo que en 1995, mientras era seminarista, las autoridades eclesiásticas le pidieron que testimoniara respecto a "si había visto alguna conducta inusual o algo raro que haya visto en ese tiempo, a lo cual yo respondo que no, que no percibí nada inusual o fuera de lo común".
El testimonio se lo pidió el entonces rector del Seminario, Juan Alberto Puiggari, y la declaración Gervasoni la hizo por escritor. Según contó en la Justicia el cura, "me pidieron que declare por un proceso pero no me hicieron comentarios ni me dieron motivos por el cual necesitaban mi declaración". Ante una repregunta, insistió en que no le dieron "precisiones".
Pero Gervasoni, dicen algunos testigos de la causa Ilarraz, sabe mucho más de lo que declaró. Al menos dos testigos lo han comprometido con su testimonio, y han contado que participó de modo directo en las conversaciones que hubo en la curia antes de que el caso llegara a la Justicia, en 2012.
Según el propio sacerdote contó, lleva aproximadamente diez años trabajando al lado del arzobispo Puiggari, y la relación entre ambos, dijo, "es como la de un familiar".
Y Puiggari es una figura clave en la investigación del caso Ilarraz. Siendo rector del Seminario, fue quien primero tuvo conocimiento de los abusos, hecho que le transmitió el entonces seminarista y hoy sacerdote Pedro Barzán, y lo que siguió fue informarle de los hechos a Karlic , que en 1995 ordenó una investigación diocesana, y al año siguiente lo sancionó con la pena del destierro.
Fue entonces que Ilarraz decidió mudarse a Tucumán, donde ejerció como sacerdote en la localidad de Monteros, hasta que en 2012 fue suspendido, medida que todavía sigue vigente.
Los olvidos de Gervasoni en la caso Ilarraz movieron al fiscal Ramírez Montrull a comenzar a instruir una causa paralela por falso testimonio. La investigación se rige por el nuevo ordenamiento del Código Penal, que deja en manos del fiscal la instrucción y la recolección de pruebas.
<b>El caso quedó caratulado "Gervasoni Mario s/Falso testimonio", y ya comenzaron a darse los primeros pasos. El fiscal recibió los primeros testimonios y está en trámite la notificación al cura para que designe abogado defensor. "La causa ya está en marcha", reveló Ramírez Montrull.</b>
"Esto se rige por el nuevo Código, así que es el fiscal el que queda al frente de la investigación. Y cuando hago la apertura de causa, notifico a la defensa. En este caso, todas las pruebas que mande a producir están controladas por la defensa de Gervasoni. Sólo cuando pida alguna otra medida que merezca la intervención del juez, se le da intervención a un juez de Garantías. Esto es distinto de la causa Ilarraz, que se rige por el viejo sistema, y quedó en manos de una jueza de Transición. Ahora, lo que yo recolecto son evidencias, que no tiene validez como pruebas, las que sólo se producen durante el juicio", indicó el fiscal.
Mientras, el jueves empezó a correr el plazo de diez días que la jueza Firpo tiene para resolver la situación procesal del cura Ilarraz, principal imputado en el caso de los abusos en el Seminario. La magistrada tiene tres alternativas: dictar la falta de mérito, sobreseerlo o procesarlo. Esta última opción es la que aguardan querellantes y el Ministerio Público Fiscal.
En medio, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) debe resolver un recurso extraordinario presentado por el defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, que pidió que la prescripción de la causa sea resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de abril último, el STJ falló que la causa no está prescripta, y ordenó continuar con la investigación.
Fuente: El Diario
