Un nuevo capítulo oscuro se suma a la historia de Independiente. Una jugadora del primer equipo ha denunciado públicamente haber sido víctima de abuso sexual por parte de un empleado del club. El hecho, que habría ocurrido dentro de las instalaciones de la institución, ha generado una conmoción generalizada y ha puesto en el centro de la escena la problemática de la violencia de género en el ámbito deportivo.
Según el relato de la víctima, el agresor, aprovechando su posición dentro del club, habría perpetrado el abuso de manera violenta y sorpresiva. Este grave suceso no solo afecta a la jugadora denunciante, sino que también pone en duda la seguridad y el bienestar de todas las mujeres que trabajan en el club.
La denuncia ha generado una fuerte reacción por parte de la sociedad, que exige una investigación exhaustiva y el castigo ejemplar para el responsable. Asimismo, se han alzado voces que cuestionan la actuación de las autoridades del club, tanto por los hechos denunciados como por la aparente falta de protocolos de seguridad para prevenir este tipo de situaciones. Ya se inició un sumario interno al empleado implicado.
Este caso pone de manifiesto la necesidad urgente de erradicar la violencia de género en todos los ámbitos, incluyendo el deportivo. Es fundamental que las instituciones deportivas implementen políticas claras y efectivas para prevenir y combatir el acoso y la violencia sexual, y que se garantice la protección de las víctimas.
La otra situación que vivió el club
Luego de seis años y con más de quince víctimas, se conoció la sentencia del juicio por los abusos a jugadores de las inferiores de Independiente. Las penas más duras, de 12 años, fueron para el organizador de torneos Alejandro Carlos Dal Cin, y el ex árbitro Martín Bustos. Mientras que el representante de jugadores Juan Manuel Diaz Vallone y Silvio Fleytas fueron condenados a 10 años de prisión. Los cuatro estarán bajo prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.
La elevación a juicio fue a pedido de la fiscal María Soledad Garibaldi en octubre del 2020. Los delitos que se investigaban en la causa eran abuso sexual, explotación sexual y explotación de menores. Las víctimas vivían en la pensión del club, pero eran llevados a otros lugares para ser abusados.
Según expresa la sentencia, el ex árbitro Bustos fue condenado a 12 años y quince días de prisión por ser el autor responsable del delito de “promoción de la prostitución agravada por cometerse mediando abuso de una situación de vulnerabilidad” y por ser las victimas menores de edad. Así como también se lo acusó de la “sustracción y destrucción de un documento confiado a su custodia en su carácter de funcionario público, en dos oportunidades”.
Bustos había sido el primer detenido y era el encargado de reclutar chicos, a quienes les pagaba por entonces entre 800 y 1.000 pesos para que tuvieran relaciones con adultos. Cabe destacar que meses atrás el ex árbitro había sido condenado ya a tres meses de prisión en Rosario por grooming.
Alejandro Carlos Dal Cin era organizador de torneos y administrador de consorcios. Juan Manuel Díaz Vallone era representante de futbolistas en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires, y Silvio Fleytas, un empleado de comercio acusado de reclutar y abusar de los chicos futbolistas.
El pedido de elevación a juicio oral, que fue en 2020, contiene quince testimonios de víctimas. Diez de ellos se hospedaban en la pensión del club de Avellaneda. El resto en otras entidades del Conurbano.
La causa avanzó a paso muy lento en 2019 y en ese momento casi todos los imputados que habían sido detenidos fueron excarcelados, menos Silvio Fleytas. Hasta el día del juicio, todos los acusados quedaron en libertad o gozaban de prisión domiciliaria. De hecho, Bustos había sido detenido nuevamente en Rosario, en junio de 2019, cuando intentó contactaste con un juvenil de 14 años de Newell's haciéndose pasar por masajista. Pero unos meses más tarde fue beneficiado al ser trasladado a su domicilio.
En 2018 se llevaron a cabo la toma de declaraciones a menores en la cámara Gesell, mientras que durante 2019 se hicieron las pericias psicológicas con los mayores de edad que también fueron víctimas. Además de las pericias a teléfonos y computadoras de los imputados.
El 52 por ciento de los chicos que prestaron declaración testimonial (99 de 189) recibió alguna propuesta de sexo por dinero, según datos suministrados por la fiscalía. La causa incluye 15 víctimas entre las que se hospedaban en la pensión de Independiente y en las de otros clubes de Buenos Aires, que sufrieron 42 hechos de abusos en total.
Cuando se destapó la olla, lejos de quedar todo en el pasado, en los celulares de los juveniles volvían a caer intentos de contactos de los propios abusadores. "Cuando los imputados empezaron a quedar libres, los chicos comenzaron a recibir otra vez solicitudes de amistad y mensajes en sus redes sociales. Me lo vinieron a contar. Automáticamente llevamos todas las pruebas a la fiscalía. Pasó en tres o cuatro oportunidades. Siguen sueltos y se inventan perfiles de Instagram y Facebook", revelaba Fernando Langenauer, licenciado en Educación y director de la pensión del Rojo en una nota a Clarín.
Tanto Langenaurer como el psicólogo Ariel Ruiz, en marzo de 2018 habían descubierto que varios pensionados eran contactados a través de las redes sociales para tener relaciones sexuales a cambio de dinero, botines, pasajes o cargas de la tarjeta SUBE. A raíz de esto, la dirigencia de Independiente hizo la denuncia.
