REDACCIÓN ELONCE
Integrantes del colectivo feminista en Paraná se manifestaron, este lunes frente a la sede del ministerio provincial de Salud, en el marco del “pañuelazo” que se desarrolla a nivel nacional en defensa de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“Se cumplen cuatro años de la sanción de la ley y la puesta en marcha de un nuevo derecho largamente reclamado y luchado por el movimiento feminista en Argentina; y a cuatro años, seguimos reivindicando la ley, que es ejemplo a nivel mundial, de respeto a las garantías que en nuestra Constitución están reglamentadas, porque considera las autonomías de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, además del principalísimo derecho al acceso a la salud que, bajo el gobierno de Javier Milei, se pone en cuestión”, expuso a Elonce una de las integrantes del colectivo feminista en Paraná, Lucy Grimaldi.
Y continuó: “El movimiento feminista tiene diálogo y estrategias permanentes para asistir a las provincias en relación a la medicación, porque la estrategia del gobierno nacional no es la de bajar la ley, sino la de desfinanciarla, es decir, que no haya presupuesto asignado para que todos cuenten con los insumos necesarios para garantizar, de forma gratuita y en cada uno de los establecimientos de salud, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
El pedido al gobierno provincial
“Al gobierno provincial le reclamamos que en 2025 no haya ningún mes sin insumos en los establecimientos de salud donde se garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo”, sentenció Grimaldi. Y si bien mencionó que “Provincia sostiene que asegurará la provisión de la medicación”, dio cuenta de una fallida reunión con diputados “para discutir con los diputados provinciales el presupuesto asignado para las políticas vinculadas a los derechos de mujeres y disidencias; particularmente, la provisión de insumos para garantizar las IVE/ILE, sino también, anticonceptivos y lo necesario para la atención integral de la salud de las personas trans y travestis”.
“Provincia tiene que hacerse cargo y seguir garantizando a mujeres y personas con capacidad de gestar que cuando asistan a un centro de salud, tengan una respuesta satisfactoria dentro de los diez días, como lo establece la ley”, exigió.
A cuatro años de la ley de aborto
Desde su entrada en vigencia, la Ley 27.610 establece el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para las mujeres y personas con identidades de género diversas hasta la semana catorce de gestación (inclusive), sin tener que dar explicaciones sobre los motivos de la elección y también cuando el embarazo es resultado de una violación o pone en peligro la vida o salud de quien gesta. Además, dispone la atención médica postaborto “más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley” así como el acceso a métodos anticonceptivos de todas las personas con capacidad de gestar.
Después de de diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza asumió el Gobierno nacional habiendo declarado abiertamente que uno de sus objetivos era derogar la Ley IVE, fueron recortados los insumos para el aborto legal, seguro y gratuito, junto con los de otros tratamientos y herramientas vinculadas a la salud sexual y reproductivas como líneas de atención, publicó Infobae. “Durante 2024 el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó ningún tratamiento medicamentoso para IVE/ILE de los 100.400 planificados, (según Chequeado)”.
