La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Paraná ordenó nuevamente al Centro Emisor de Licencias de Conducir, dependiente de la Municipalidad de Paraná y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a tramitar la renovación de una habilitación para conducir requerida por una ciudadana paranaense sin exigir el pago previo de multas impuestas en extraña jurisdicción.
En esta ocasión el Tribunal tuvo por denunciado el Convenio de Cooperación Interjurisdiccional para el Cobro de Infracciones al Tránsito que efectuó el municipio local, el cual lo obligaba a exigir el pago de las sanciones pecuniarias que informaba la ANSV.
En los fallos anteriores, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná consideró que el cobro compulsivo de multas violaba la garantía del debido proceso de los solicitantes de licencias de conducir o sus renovaciones, debiendo la jurisdicción que se consideraba acreedora concurrir al cobro de tales sanciones por la vía judicial.
Las sentencias fueron dictadas en las carátulas: “Batut, Bernabé Agustín c/ Municipalidad de Paraná s/Incidente de suspensión de la ejecución de decisión administrativa”, Expte. N° 2309, del 5 de diciembre de 2024; “Avero, Sergio Gustavo c/Municipalidad de Villa Urquiza y otros/Incidente de suspensión de la ejecución de medida administrativa”, Expte. N°2291, del 10 de diciembre de 2024; y “Ocampo, Patricia Roxana c/Municipalidad de Paraná s/Incidente de suspensión de la ejecución de decisión administrativa”, Expte. N° 2318, del 11 de febrero de 2025.
En esa línea interpretativa se expidió con anterioridad la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°2 de la ciudad de Concepción del Uruguay, en autos “Silva, Diego Nicolás c/Municipalidad de Concepción del Uruguay s/Contencioso administrativo”, Expte. N°1896/CU. Esta sentencia fue recientemente confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), mediante fallo del 20 de diciembre de 2024, reafirmándose de esta manera las consideraciones elaboradas por ambas Cámaras en torno a la temática.
Cabe aclarar que, al momento de la demanda, el decreto permanece vigente, pero en enero se anunció que la intendenta Rosario Romero derogó la disposición municipal por el cual se obligaba al pago de infracciones de tránsito nacionales. Se trata del Convenio de Cooperación Interjurisdiccional con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, celebrado en el año 2014. Se estimaba que comenzara a implementarse en 90 días, cuando dicho organismo acepte la rescisión del convenio.
