Con gran parte del continente mirando Chile por ser anfitrión de la Copa América, popularidad bajísima y bajo fuerte presión interna en varios frentes, la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, apuesta a retomar la iniciativa para marcar la agenda y recuperar terreno.
La tarea se vislumbra ardua: por primera vez en sus dos mandatos su aprobación está por debajo de la barrera del 30% (29%), según el último sondeo de la consultora Adimark, lo que está condicionando la promesa de reformas con la que llegó al poder hace poco más de un año.
Consciente de que, además del fútbol, por estos días el tema excluyente entre los chilenos son los casos de negociados turbios que salpican a todo el arco político, Bachelet mandó ayer al Congreso dos nuevos proyectos destinados a combatir la corrupción; iniciativas que, según dijo, contribuirán "a perfeccionar el funcionamiento de la política y de los negocios, y a delimitar claramente las relaciones entre estos ámbitos". Uno de ellos regula los conflictos de interés, mientras que el otro establece normas y sanciones para la corrupción y el cohecho. "No voy a esconder bajo la alfombra las fallas que nuestro sistema político e institucional ha tenido", aseguró la mandataria chilena, cuyo hijo -Sebastián Dávalos- está siendo investigado por la justicia por tráfico de influencias en un millonario negocio inmobiliario.
En este último mes la presidenta chilena movió varias fichas (recambio de gabinete, discurso más moderado y dialoguista, mea culpa público) para amortiguar la falta de confianza. De hecho, los dos proyectos presentados ayer forman parte de la llamada "agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y la política", una serie de leyes que Bachelet decidió impulsar en un plazo autoimpuesto de 45 días. No obstante, pese a los esfuerzos, los casos siguen saltando –el último fue la renuncia del Secretario de la Presidencia, Jorge Insunza, por presuntos cobros que recibió por ‘asesorar‘ a petroleras cuando presidía la comisión de Minería en la Cámara de Diputados– y, con ellos, la dificultad del gobierno para ir cuesta arriba.
A este escenario se suma, además, el crónico conflicto educativo chileno. Hace 17 días que los docentes de colegios públicos están llevando adelante un paro indefinido. Entre otros puntos, se oponen a la reforma que planteó el oficialismo para la carrera Docente, donde se propone evaluarlos. Lo que finalmente ocurra en esta pulseada, donde ni profesores ni gobierno quieren dar el brazo a torcer, repercutirá en la imagen (ahora venida abajo) del liderazgo de Bachelet.
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