Con la llegada de las despedidas de fin de año y la creciente demanda de salones y servicios para celebraciones, las fiestas de casamiento y cumpleaños cobran protagonismo. Sin embargo, un reciente decreto, el 765/24, ha desatado controversia en el ámbito de los derechos de autor en eventos privados. A partir del 28 de agosto, dicho decreto establece que las personas que organicen eventos privados o públicos sin fines de lucro no deberán abonar las tarifas por derechos de autor a las entidades encargadas de protegerlos, como SADAIC y AADI-CAPIF.
Este cambio legal generó disconformidad en algunos sectores, especialmente en las ciudades como Paraná, donde se ha continuado cobrando estos derechos, a pesar de que, según el decreto, no deberían existir tarifas en eventos privados sin fines de lucro. Al respecto, Guillermo Campo, titular de SADAIC, expresó a Elonce que la nueva normativa ha causado revuelo y señaló que, desde la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), se considera que el decreto es inconstitucional: “Hemos hecho saber al Poder Ejecutivo Nacional nuestro cuestionamiento y hemos interpuesto un recurso pidiendo su reconsideración y derogación. Además, hemos iniciado un cuestionamiento judicial sobre la inconstitucionalidad del decreto", comentó Campo.
El titular de SADAIC también reflexionó sobre el tratamiento que ha recibido la situación, mencionando que la sociedad los ve casi como "el enemigo del pueblo", debido a la percepción que existe en torno a la recolección de estos derechos: "El tratamiento mediático hace parecer que estamos pretendiendo recaudar derechos que no corresponden. Es una situación que no solo tiene implicancias jurídicas, sino también institucionales”, sostuvo Campo.
Además, destacó que esta controversia no es aislada y ha tenido una mayor trascendencia en provincias como Mendoza: "Sabemos que la problemática se ha intensificado en Mendoza y otras jurisdicciones, pero SADAIC no quiere conflictos, lo que queremos es que se reconozca nuestro derecho y no tener que defender lo que consideramos legítimo", expresó. En este sentido, aseguró que el conflicto podría resolverse a nivel judicial, ya que ya se han iniciado acciones en la justicia federal: "Espero que haya una solución a nivel nacional, pero si no llegamos a un acuerdo, seguramente iniciemos acciones judiciales en el interior del país para reclamar lo que consideramos nuestros derechos legítimos".
Por otro lado, Guillermo Campo reconoció que la imagen de SADAIC en la sociedad no es la mejor, en parte por los malentendidos que existen sobre el destino de los fondos recaudados. "Somos conscientes de que no somos la sociedad más querida, porque siempre que cobramos, la gente se pregunta '¿Dónde va la plata?'", dijo. Y agregó: "Lo que no se entiende es que detrás de SADAIC hay autores y compositores argentinos que se benefician de los derechos que recaudamos, no es un dinero que va a un agujero negro", explicó el titular de SADAIC.
En cuanto al Decreto 765/24, Campo aclaró que la norma no menciona expresamente que los salones de fiestas no deban pagar, pero establece que en un "ámbito privado" la música no requiere pagar derechos. Sin embargo, el decreto también señala que aquellos que obtienen un beneficio directo o indirecto por la difusión pública de música deben pagar una remuneración a los titulares de derechos. “Los salones de fiestas son empresas comerciales que obtienen un beneficio por la música que se reproduce en los eventos, por lo que deben pagar por este derecho”, sostuvo Campo.
Por último, Campo destacó que, aunque la nueva normativa ha generado inconvenientes, SADAIC está trabajando para encontrar una solución equitativa que reconozca los derechos de los compositores y autores sin perjudicar a los organizadores de eventos. Sin embargo, reafirmó la postura de la entidad: "Nosotros no estamos en contra de que se hagan fiestas, simplemente queremos que nuestros derechos sean respetados".
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