Según un informe publicado este miércoles por el Centro de Economía Política (CEPA), en el período de enero a septiembre de 2024, el 25,3% del ajuste en el gasto del Estado se explicó por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones.
El estudio subraya que "el gobierno mantuvo el superávit fiscal a costa de las jubilaciones", señalando el impacto negativo de las políticas adoptadas.
El informe, titulado "La movilidad jubilatoria: del DNU de Milei al debate presupuestario 2025", analiza la disminución del poder adquisitivo de los jubilados durante los primeros nueve meses de la gestión de Javier Milei. En el estudio se detalla la modificación de la fórmula previsional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24, que ató los haberes a la inflación, perjudicando así a los jubilados. A pesar de que esta fórmula vinculada al IPC permitió recuperar algo de poder adquisitivo en el primer trimestre, el informe concluye que la fórmula anterior, que había sido eliminada por el gobierno, hubiera resultado más beneficiosa para los haberes jubilatorios en el largo plazo.
Según el CEPA, tanto en septiembre como en diciembre de 2024, los aumentos previstos con la fórmula anterior habrían sido superiores a los efectivamente otorgados. Por ejemplo, en diciembre de 2024, con la fórmula actual de Milei, la jubilación mínima (sin bono) será de $259.599, mientras que con la fórmula anterior habría alcanzado los $314.303, lo que representa un 21,1% más.
El informe también subraya que, si el bono de $70.000 que reciben el 70% de los jubilados hubiera sido actualizado en la misma proporción que las jubilaciones, este bono debería haber sido de $135.140 en diciembre, es decir, $65.140 más de lo que se está otorgando actualmente.
En relación con los dichos de Milei sobre que las jubilaciones estarían ganándole a la inflación, el informe desmiente esta afirmación. Según los datos, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, el poder adquisitivo de las jubilaciones que no reciben bono se encuentra un 4% por debajo del mismo período del año anterior, mientras que las jubilaciones con bono están un 13,1% por debajo.
El CEPA también resalta que, debido a la vinculación de las jubilaciones al IPC, estos haberes no perderán más poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar lo que se ha perdido. En contraposición, la Ley 27.756, sancionada por el Congreso pero vetada por el Ejecutivo, incluía una recomposición por única vez del 7,2% para todos los haberes, además de un bono mínimo equivalente al 109% de la CBT (canasta básica total) de un adulto y una cláusula gatillo anual en caso de que hubiera una recuperación real de los salarios.
Asimismo, el informe advierte que el proyecto de Presupuesto 2025 contempla más ajustes. Se mantiene la fórmula de ajuste por IPC y se propone mantener congelado el bono de $70.000 para la jubilación mínima durante todo el año, lo que implicaría, a diciembre de 2025, una pérdida adicional de $102.793 para los jubilados, siempre y cuando se cumplan las proyecciones del gobierno. Si ocurriera algún evento que amenace el equilibrio fiscal, el bono podría ser recortado bajo la regla fiscal propuesta por el Ejecutivo.
Por último, el informe menciona que el gobierno ha confirmado que no se prorrogará la moratoria previsional, lo que significará su vencimiento en marzo de 2025. Esto dejará a la mayoría de las personas en edad de jubilarse sin acceso a una jubilación plena, ya que se verán obligadas a conformarse con una PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), equivalente al 80% de la jubilación mínima y no pensionable.
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