El Gobierno de la Nación decidió este viernes disolver la Comisión Nacional del Microcrédito (CONAMI), organismo que desde su creación en 2006 brindaba apoyo a emprendedores de sectores vulnerables que no podían acceder al sistema financiero formal para financiar sus proyectos.
La medida se formalizó con la publicación del Decreto 1094/2024 en la última edición del Boletín Oficial.
Cuestionamientos y argumentos para tomar la medida
El decreto de disolución de la CONAMI fue acompañado de una serie de cuestionamientos en relación con la gestión del organismo. En los considerandos de la norma, se apuntó especialmente al elevado "gasto mensual en personal", que asciende a $100.584.210, lo que en términos anuales representa un total de $1.307.594.730. Esta cifra, según los funcionarios del Gobierno, "excede el presupuesto total asignado al programa para el año 2024, que es de $1.178.796.541", lo que refleja una desproporción en los gastos operativos.
El informe que acompaña la medida también destacó la "deficiente administración del Programa por parte de la Comisión Nacional, que ha provocado la dilapidación de recursos públicos que debían ser destinados exclusivamente al cumplimiento de los fines del Programa de Microcréditos".
Según argumentó el Ejecutivo, la mala gestión de los recursos fue un factor determinante en la decisión de eliminar el organismo, ya que las expectativas en torno a la política de microcréditos no se habrían cumplido.
Además, se subrayó la baja efectividad de las instituciones de microcrédito adheridas al programa. De las 209 entidades activas, sólo 117 cuentan con más de 10 créditos activos, lo que demuestra "una limitada eficiencia y capacidad operativa".
Alta morosidad y falta de evaluación de impacto
Otro de los puntos señalados en el decreto fue la alta tasa de morosidad que presenta la cartera activa del programa, que supera el 42%. Esta cifra es "superior considerablemente a los estándares de las instituciones de microfinanzas especializadas, que registran niveles de morosidad por debajo del 10%". La incapacidad para recuperar los préstamos otorgados ha sido uno de los factores que cuestiona la viabilidad del programa, considerando que el objetivo principal era ofrecer créditos a emprendedores que no tienen acceso a la banca tradicional.
El informe también destacó que las instituciones que formaban parte del programa carecían de "la capacidad técnica y la experiencia necesaria para gestionar eficientemente los fondos asignados".
A ello se sumó la crítica sobre la falta de evaluaciones formales o estudios de impacto desde la creación del programa. "No se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos", se expresó en el documento oficial.
Disolución definitiva
Por último, el decreto concluyó que la Ley N° 26.117, que estableció la creación del programa de microcréditos, "no ha alcanzado sus objetivos".
En este sentido, se mencionó que no se implementó un registro formal de las instituciones de microcrédito ni se han aplicado sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.
En consecuencia, se determinó la disolución definitiva de la Comisión Nacional del Microcrédito, con la intención de optimizar los recursos públicos y redirigir los fondos hacia políticas más eficaces.
