La relación entre Boca Juniors y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se tensó tras un comunicado emitido por el club a última hora del jueves. Boca solicitó a la Legislatura porteña que excluya a la Bombonera del catálogo de inmuebles protegidos de la ciudad, lo que provocó una rápida respuesta gubernamental.
En su comunicado, el Gobierno recordó que el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera, cuenta con un grado de protección estructural preventiva desde 2014. Este estatus fue definido por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un organismo independiente que agrupa a diversas entidades profesionales. El Gobierno enfatizó que las autoridades de Boca no pueden desconocer esta situación, dada la continuidad de su gestión en los últimos años.
El Gobierno de la Ciudad también subrayó que actualmente es la Legislatura quien está evaluando el proyecto de ley que podría incorporar inmuebles con protección preventiva al catálogo definitivo. La decisión final sobre la protección de la Bombonera recae en este cuerpo legislativo, que está discutiendo el catálogo de más de 4,300 inmuebles patrimoniales.
Además, el Gobierno aclaró que no recibió una notificación formal de Boca sobre planes de remodelación o ampliación del estadio, a pesar de que en agosto de 2023, el entonces presidente del club, Jorge Amor Ameal, había firmado un acta notificando a la Legislatura sobre las intenciones de refacción.
Sin embargo, a pesar de la tensión, las señales desde la Legislatura parecen más favorables hacia Boca. Según fuentes de Infobae, no se anticipan reparos al pedido del club, aunque se espera más información sobre los proyectos que lidera Juan Román Riquelme. El legislador Juan Pablo Modarelli, miembro de la Comisión de Planeamiento, se mostró receptivo a la solicitud de Boca, sugiriendo que la Legislatura debería considerar cómo facilitar la ampliación del estadio sin obstaculizar los proyectos en curso.
