La Justicia Federal del estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades turísticas en la Lagoa Azul, ubicada en la Praia de Antunes, en Maragogi. Esta decisión fue tomada tras una acción presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), que cuestionó la legalidad de un decreto municipal de 2022 que permitía la explotación turística de la zona.

Lagoa Azul, famosa por sus aguas cristalinas y su arena blanca, es conocida como el "Caribe brasileño" y alberga una de las mayores barreras de coral del mundo. La suspensión de las actividades turísticas en este paraíso natural tendrá un gran impacto en la economía local, que dependía en gran medida del turismo. La región era un destino popular, con paseos en lanchas y catamaranes hacia las piscinas naturales que la rodean.

El decreto municipal anulado permitía la operación diaria de hasta tres catamaranes y 40 lanchas, además de servicios de buceo y fotografía. La medida judicial pone un freno inmediato a estas actividades, afectando a operadores, guías turísticos y a la economía local.

Esta decisión del juez federal Andrés Granja, del 3º Juzgado Federal, se basa en la incompatibilidad de las actividades turísticas con las normativas ambientales de la Área de Protección Ambiental (APA) Costa dos Corais. Esta unidad de conservación, creada en 1997, es la mayor de su tipo en Brasil y protege una rica biodiversidad, que incluye especies en peligro como el manatí y diversas especies de tortugas marinas.

En su fallo, el juez señaló que actividades como el anclaje de embarcaciones, la contaminación, el pisoteo de los visitantes y la alteración de la fauna local están provocando “daños irreversibles” a los arrecifes de coral, lo que compromete su salud y capacidad de recuperación. Además, destacó que el uso inapropiado de áreas protegidas representa un grave riesgo para el equilibrio ecológico y la biodiversidad.

Además de suspender las actividades turísticas y anular el decreto municipal, el fallo incluye otras medidas, como la revocación de los permisos turísticos en la zona, un refuerzo en la fiscalización durante los próximos tres meses y campañas de concientización para informar a la población sobre la suspensión. Se estableció que, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas diarias.

El objetivo de estas acciones es proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la APA Costa dos Corais, garantizando su preservación para las futuras generaciones.