El Gobierno ha prorrogado la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, lo que abre un periodo para evaluar las medidas relacionadas con los subsidios de energía aún vigentes.

De esta forma, se pospone la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas, que inicialmente debía concluir antes del 31 de diciembre de 2024. Las autoridades aseguran que las revisiones comenzarán "lo más pronto posible", con el nuevo plazo establecido para enero y febrero de 2025.

Las compañías están preparando los documentos con sus previsiones de negocio para el periodo 2025-2030. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa que el esquema actual de segmentación de subsidios se eliminará antes de fin de año, con la finalidad de eliminar las divisiones entre los usuarios N1 (altos ingresos), N2 (bajos ingresos) y N3 (medios ingresos). En su lugar, se implementará un sistema que contemple a los hogares sin subsidios, que deberán abonar el costo real de la energía, y aquellos que seguirán recibiendo ayuda estatal a través de la tarifa social.

La extensión de la emergencia energética también implica que se prolongue la transición tarifaria, lo que otorga al Gobierno la facultad de seguir aplicando aumentos mensuales en las tarifas sin un marco regulatorio firme. Además, se mantendrán las intervenciones del ENRE y Enargas hasta que se constituya el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá ambas entidades.

El decreto que extiende la emergencia, el DNU 1023/2024, resalta que la situación económica y social que enfrenta el país, heredada de administraciones anteriores, justifica estas medidas excepcionales. Según el Gobierno, la emergencia se refleja en tres áreas clave del sector energético: la precariedad del sistema recaudatorio, el deterioro de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro y la falta de señales de mercado para equilibrar la oferta y la demanda.

Por ello, la prórroga de la emergencia busca permitir que los organismos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural. Esta extensión también afecta a la implementación de los nuevos cuadros tarifarios resultantes de las revisiones tarifarias en curso, así como a la intervención de los Entes Reguladores.

El decreto también instruye a la Secretaría de Energía a asegurar la continuidad de los ingresos reales y cubrir las necesidades de inversión para mantener los servicios públicos en condiciones técnicas y económicas adecuadas para prestadores y usuarios. Además, invita a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía para fortalecer la prestación de los servicios eléctricos en sus respectivas jurisdicciones. (Con información de NA)