El jueves pasado, al finalizar la sesión que resultó en la expulsión del senador Edgardo Kueider, la vicepresidenta Victoria Villarruel propuso que se tratara el congelamiento de las dietas de los senadores, cuyo ajuste automático está previsto para el 1° de enero.

"Yo no soy senadora, solo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy quien toma las decisiones. Entendiendo el esfuerzo económico de la población, creo que debemos estar a la altura y por eso considero que las dietas de los senadores deben estar congeladas", declaró ante la prensa en el Salón de las Provincias. En realidad, Villarruel hacía referencia a la resolución aprobada el 22 de agosto en el Senado, que surgió luego de que TN difundiera los aumentos esperados para los senadores nacionales, a raíz de un acuerdo paritario con los gremios legislativos (APL, ATE y UPCN).

En una votación polémica en abril de 2024, los senadores habían decidido que sus dietas estuvieran vinculadas a los aumentos de los trabajadores del Congreso, lo que habría elevado sus ingresos a aproximadamente ocho millones de pesos por senador. Ante las críticas, lideradas por el presidente Javier Milei, los legisladores votaron un "desenganche" y decidieron retroceder cualquier aumento. Sin embargo, la resolución aprobada en agosto tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

A partir de 2025, y salvo el caso de Edgardo Kueider, quien fue expulsado, los senadores volverán a aplicar la resolución de abril. Esta medida vincula sus dietas a los ingresos más altos de los empleados legislativos, estableciendo un sistema de módulos. En total, los senadores recibirían 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos para gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo (solo para aquellos que viven a más de 500 km de Buenos Aires). Además, se incorporaría una "dieta número 13", que funcionaría como aguinaldo o sueldo anual complementario.

El ingreso actual de un senador, sumando la dieta y los gastos de representación, supera los siete millones de pesos. Este monto puede incrementarse por el pago adicional por desarraigo en el caso de los legisladores del interior. Si se restablece la resolución de abril, las dietas parlamentarias en la Cámara Alta podrían llegar a los 9,5 millones de pesos, lo que ha generado un fuerte rechazo en la sociedad y, especialmente, entre los empleados legislativos, quienes recibieron un aumento del 6% en cuatro tramos durante 2024, y los diputados nacionales, quienes ya pidieron la actualización de sus dietas tras la sesión preparatoria que reeligió a Martín Menem como presidente de la Cámara.

A pesar de las tensiones, no se han convocado aún sesiones extraordinarias y el recinto permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Esto implica que los senadores no podrán votar una nueva resolución de forma inmediata. En este contexto, Victoria Villarruel podría firmar un decreto para congelar las dietas y extender la resolución aprobada en agosto, aunque necesitaría el respaldo de los presidentes de los bloques para hacerlo. Sin el apoyo de los legisladores, Villarruel no tomaría ninguna determinación al respecto.

La última paritaria firmada

El último aumento otorgado a los trabajadores del Congreso fue el 13 de noviembre, cuando la Comisión Negociadora del valor del módulo acordó un incremento total del 6%, con ajustes del 2% a partir del 1 de septiembre, un 1% en octubre, un 2% en noviembre y un 1% en diciembre. Estos incrementos se concretaron en cuatro tramos. A partir del 1° de enero de 2025, se abrirá la discusión de nuevas paritarias, y las dietas de los senadores volverán a estar enganchadas a los haberes de los trabajadores.

Proyecto de Unión por la Patria (UxP)

En medio de la controversia sobre los ingresos de los poderes del Estado, el interbloque de Unión por la Patria (UxP), encabezado por José Mayans, presentó una propuesta para poner fin a esta polémica. La iniciativa, presentada en abril, busca establecer un límite a los salarios de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, así como de organismos extrapoderes y empresas del Estado.

El proyecto propone que las remuneraciones mensuales de figuras como el presidente, la vicepresidenta, los jueces de la Corte Suprema, senadores, diputados, el Procurador General, el Defensor General, los consejeros de la Magistratura, auditores generales, el Defensor del Pueblo de la Nación y personal del Servicio Exterior de la Nación no superen los veinte salarios mínimos, vitales y móviles. Tomando como referencia el salario mínimo de 272.000 pesos (a septiembre de 2024), esto implicaría un tope de 5.440.000 pesos mensuales para estas autoridades.

En sus fundamentos, Mayans señala que el objetivo es establecer un principio de coherencia y uniformidad en las remuneraciones de las autoridades superiores, asegurando que los ingresos de los trabajadores públicos no se vean degradados. Además, propone que la discusión sobre la escala salarial se realice dentro del marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, separando las responsabilidades y remuneraciones de los trabajadores de las de los funcionarios de alto rango.

La iniciativa aún espera tratamiento en las comisiones de Legislación del Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Constitucionales. (Con información de Todo Noticias)