El procesamiento fue dictado por el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por mediar engaño y abuso de situaciones de vulnerabilidad". Además, por "haber sido más de tres víctimas y más de tres los victimarios y por haberse consumado la explotación y constatado la explotación de tres víctimas menores de edad, por un total de doce hechos", se informó.

Asimismo, dos de los procesados están relacionados al delito de "tenencia de arma de fuego".

En la resolución, la Jueza Federal ordenó además la prisión preventiva de los dos pastores oportunamente detenidos en el Aeropuerto de Ezeiza al momento de querer abordar un avión con destino a España, y de otros dos consortes de la causa en la modalidad de prisión domiciliaria, mientras que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otros seis responsables de las maniobras investigadas.

Allí ordenó, además, distintas medidas de coerción que incluyeron cauciones reales y mantener su decisión de prohibir la salida del territorio nacional a parte de los imputados. Como así también el embargo de bienes por la suma de 24 millones de pesos, además del campo “El Redomón” y los automóviles de los implicados, que fueron detectados a lo largo de la investigación patrimonial desarrollada en la causa con colaboración de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Minatta, quien oportunamente formalizó la denuncia luego investigada por la Jueza Federal.

La causa

En la causa se probó la existencia de una organización coercitiva liderada por los dos falsos pastores a través de la cual se captaba (en el conurbano bonaerense), trasladaba, acogía y explotaba a personas en situación de vulnerabilidad (social, económica y /o con problemas de adicciones) para obtener su mano de obra gratuita en el marco de distintos trabajos sin ningún salario o contraprestación.

La captación se realizaba a través de engaños y/o coerción utilizando técnicas de persuasión a fin de destruir su autodeterminación, quienes creían ser “misioneros” o “voluntarios”.

Estos incluían tareas domésticas, mantenimiento de casas quintas, limpieza, cría de animales, realización de ferias y la construcción y ampliación de los inmuebles de la organización delictiva; asimismo, les quitaban sus teléfonos celulares y documentos de identidad, asignándoles cronogramas de tareas que debían cumplir por orden de sus “Líderes” a quienes consideraban “personas cercanas a Dios”.

La investigación dejó en evidencia las grandes sumas dinerarias que se recaudaban, a costa del trabajo realizado por las distintas personas que prestaban funciones en El Redomón y en las casas quintas de la localidad bonaerense de Florencio Varela, sin percibir sueldo alguno y, convencidas, de que se encontraban allí debido a que Dios les había encomendado dicho propósito.

Toda la maniobra se efectuaba mediante una especie de “Pantalla” constituida a partir de un supuesto “Culto Religioso” con mensajes de fe y la existencia de un “Dios” que se comunicaba misteriosamente a través del falso Pastor, logrando limitar las libertades de las más de diez víctimas que fueron rescatadas, quienes pedían permiso hasta para poder salir del lugar (siempre y únicamente acompañados por sus Líderes).

Aquellos que no contaban con dinero, les secuestraban sus DNI y demás documentación personal, impidiéndoles además el contacto con el exterior que era prácticamente nulo a través de sus celulares, únicamente los días domingo y vigilados por los ahora detenidos.

La causa cuenta con innumerables elementos probatorios que incluyen informes, tareas de inteligencia, el uso de Técnicas Especiales de Investigación mediante la utilización de Agentes Reveladores de GNA, consultas de plataformas, intervención de psicólogos especializados, declaraciones testimoniales, intervenciones telefónicas, inspección de redes sociales, rastreos de peajes en rutas nacionales y provinciales, documentación secuestrada en los múltiples allanamientos practicados en distintos puntos del país, sólo por destacar algunas de ellas.

Según se detalló, en su marco intervinieron la Fiscal Federal Josefina Minatta, la PROTEX de la PGN, la GNA, AFIP, Renatre, el Ministerio de RREE, La Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina de Rescate y el Sindicato de Camioneros de Concordia quien dio alojamiento a las victimas una vez rescatadas y otros organismos. (Diario Río Uruguay)