El diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, propuso la creación de una Asignación Universal por Discapacidad durante la reunión de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.
En su intervención, el exministro de Desarrollo Social denunció los recientes recortes en las pensiones de discapacidad y advirtió sobre un “retroceso en las políticas” vinculadas a este ámbito, lo que ha generado preocupación entre activistas y profesionales del sector.
“El Gobierno está implementando políticas que implican un retroceso muy fuerte para los derechos de las personas con discapacidad y el presupuesto 2025 contempla un recorte de las pensiones no contributivas”, indicó Arroyo, enfatizando la urgencia de abordar la situación de vulnerabilidad que enfrenta este grupo de la población.
La reunión contó con la participación virtual de Amalia Gamio, del Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. La misma resaltó que Argentina está “retrocediendo respecto de las recomendaciones que le hizo el Comité en marzo de 2023 al regresar el Consejo para la Discapacidad al Ministerio de Salud".
Preocupación por el presupuesto y la situación de las pensiones
A continuación, Belén Arcucci, Coordinadora del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), presentó cifras alarmantes sobre el futuro de las pensiones no contributivas. Arcucci estimó que “para 2025 los recursos asignados para las Pensiones no contributivas que administra ANDIS caen un 39 por ciento".
“Se observa que se proyecta 1.034.447 pensiones, lo cual contrasta con el dato de las pensiones actuales que es 1.212.187”, agregó.
La directora General de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Livia Ritondo, también tomó la palabra y aseguró que “la inclusión real de las personas con discapacidad requiere que se eliminen las barreras para que quienes tengan deficiencias físicas, mentales y sensoriales puedan participar plena y efectivamente en la sociedad”.
Marcelo Greco, director de Relaciones Institucionales de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, agregó que “Argentina tiene una vacancia legislativa en esta materia”, especificando que “los niños y niñas que están en situación de discapacidad tienen una doble vulnerabilidad”. Esta afirmación subraya la urgencia de adoptar medidas legislativas que garanticen la protección de los derechos de los más pequeños.
Demandas de cambios y nueva legislación
El padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pidió dar marcha atrás con el decreto 843/2024 que restringió el acceso a las pensiones y manifestó la necesidad de “una nueva ley que cambie el panorama: una solución de base, para poder mirar para adelante”.
Claudia Naom, en representación de la APDH, planteó que “en el modelo social de la discapacidad es responsabilidad de la sociedad eliminar las barreras para que las personas con discapacidad puedan incluirse y ejercer su derecho a decidir su propio plan de vida”.
El psicólogo del equipo de Salud Mental del CELS, Joaquín Castro Valdez, también destacó la desigualdad económica que enfrentan las personas con discapacidad, afirmando: “Las personas con discapacidad tienen necesidades económicas diferentes y un costo de vida más alto que el promedio. El contexto económico actual los afecta también de manera diferencial”.
La reunión incluyó la participación de diversos representantes de organizaciones y comités especializados en derechos de las personas con discapacidad, quienes unieron sus voces en un llamado colectivo a la acción para garantizar que se respeten y amplíen los derechos de este grupo vulnerable en el país. (NA)