El reciente decreto de reglamentación del capítulo laboral de la Ley de Bases excluyó del blanqueo al personal de Casas Particulares.

El decreto 847/2024 establece que “las previsiones del Título IV de la Ley N° 27.742 no serán aplicables a las relaciones laborales comprendidas en la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares N° 26.844 y sus modificaciones”, excluyendo así a los empleadores de este sector de la posibilidad de regularizar o blanquear laboralmente a sus trabajadores.

Resolución

La Resolución 5577/2024 de la AFIP establece que “la regularización de las relaciones laborales deberá efectuarse hasta el 24 de diciembre de 2024, inclusive”.

Esta normativa busca impulsar la formalización de los empleos no registrados, pero deja a un lado a un sector que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), está compuesto por aproximadamente 1,7 millones de trabajadoras, de las cuales menos de 500.000 están registradas con aportes a la Seguridad Social. Esto indica que un 70% de estas empleadas trabajan en la informalidad.

Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), expresó su preocupación ante esta supresión, señalando que el decreto “incorpora esa exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad”.

Críticas a la Regulación y Llamados a la Inclusión

Matías Isequilla, abogado asesor de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), también se pronunció sobre el tema, calificando la decisión del artículo 8 reglamentario como “arbitraria”.

Argumentó que “a pesar de que es el colectivo laboral más numeroso y vulnerable del sistema de relaciones laborales argentino, la inmensa mayoría no tiene acceso a la Seguridad Social”, lo que incluye beneficios cruciales como jubilación, obra social y licencias.

El Decreto 847/2024, aunque permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, no ofrece soluciones para el personal doméstico. La normativa también extiende beneficios como la condonación de infracciones y la deuda por capital e intereses, pero nuevamente deja a este sector sin las herramientas necesarias para alcanzar la formalización.

Los trabajadores que logren ser regularizados recibirán un reconocimiento limitado, solo hasta 60 meses de servicios con aportes, calculados en base al salario mínimo vital y móvil (SMVM), lo que no se considerará para el cálculo del haber previsional.

(Con información de Clarín)