Desde el grupo de padres autoconvocados por la educación, se aclaró que se trata de una convocatoria horizontal, que no se plantea a priori ninguna postura contra el gobierno, ni contra los gremios, y tiene como fin la defensa de la educación pública,
Uno de los integrantes, Federico Borrás, habló sobre cómo se dio esta organización que tiene previsto para hoy presentar un petitorio al ministro de Educación, José Eduardo Lauritto y la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Vallori.
La iniciativa, contó, nace en el seno de escuelas públicas de Paraná hace unas semanas, convocándose a través de las redes sociales para debatir el modo de exigir al gobierno que se garantice la educación pública en la provincia. En un principio arrancó con un grupo de padres de las escuela Normal y Del Centenario, al que se sumaron de otros establecimientos.
Borrás dijo que si bien forma parte de un grupo que está atravesado por una misma situación de falta de acceso normal a la enseñanza de sus hijos, dada que la organización es de tipo horizontal, sus definiciones las hace a título personal.
<b>"Existe un conflicto entre el gremio docente y el gobierno, no entre padres-docentes, ni padres-gobierno</b>, pero lo que resulta indudable es que ese conflicto, del que en principio somos ajenos ?porque no está a nuestro alcance solucionarlo? <b>repercute directamente sobre nuestros hijos</b>, que resultan las principales víctimas de la situación", sostuvo el autoconvocado.
Borrás advirtió también que este problema no ha adquirido la visibilidad suficiente, a pesar de que involucra a la gran masa de familias que envían a sus hijos a escuelas públicas.
"Los gremios tienen aceitado sus canales de información, el gobierno los suyos, pero de la situación de los niños y la opinión de sus padres, hasta ahora no había casi ningún reflejo. Por eso queremos hacer oír nuestra voz", consideró.
Hizo hincapié también en que a su entender este conflicto no es nuevo. "Si bien esta situación ha tenido un agravamiento en este último tiempo, el tema viene de vieja data esto no empezó con la dichosa medida cautelar de la Justicia. El año pasado, entre asambleas, paros y demás yerbas se perdieron alrededor de 30 días de clase, de los cuales una veintena fueron por asambleas", graficó.
"Los días en que los docentes deciden realizar asambleas no se dictan contenidos ni se toma asistencia", apuntó en declaraciones a El Diario.
<b>En la misiva dirigida a Lauritto y Vallori, se plantea entre otros puntos lo siguiente: "Los padres de alumnos de las escuelas públicas de Paraná, nos dirigimos a ustedes a fin de formalmente solicitarle arbitre las medidas necesarias que su función pública les otorga, para que se dé cabal cumplimiento con el dictado de clases en forma normal y regular", se plantea.</b>
"Debemos recordarle en esta misiva que en la Argentina la educación es un derecho consagrado en el artículo 14º de la Constitución Nacional y en numerosos Tratados Internacionales incorporados a ella. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizado por el Estado (artículo 2). Atento que es el Estado quien tiene el deber de cumplir con ello, y que actualmente no lo está haciendo, es que exigimos el dictado de los 180 días de clases obligatorios en el sistema federal de educación", se recuerda.
"La cuestión salarial y los conflictos suscitados con los gremios no es un tema que esté a nuestro alcance solucionar, ni mediar. Por el contrario son Ustedes los funcionarios públicos que representan al Estado quienes deben trabajar para que lo que está sucediendo no ocurra. Son los funcionarios públicos, en este caso Ustedes como responsables de la educación en la Provincia, quienes en forma voluntaria han asumido tal labor y por ende deben desarrollarla para brindarnos a los ciudadanos los mejores resultados", se plantea.
"En este caso, los ciudadanos directamente perjudicados son los niños que no tienen clases y por ende no tienen educación pública. Durante el 2014 hubo 19 asambleas en las escuelas públicas de Paraná y durante el 2015 van 17 (hasta agosto), en las cuales no se desarrollan contenidos ni se contabiliza la asistencia", se precisa.
"Es sólo una cuestión formal, y hasta mediática, el hecho que por fallos judiciales se obligue a los docentes a concurrir a su lugar de trabajo, atento que mediante las asambleas en los establecimientos no se imparte la educación, y se alienta a que los niños no concurran. Conforme la Ley referida es la Provincia quien tiene la responsabilidad de proveer la educación, que debe ser integral, de calidad y permanente. Pues bien en la actualidad esto no se está cumpliendo. No siendo para más saludamos muy atentamente, esperando que sepan entender nuestra mayor y única preocupación que nos lleva a dirigirnos a Ustedes, esto es el futuro de nuestros hijos, el cual se forja con una herramienta indispensable, la educación", finaliza.