La justicia entrerriana avanza con la investigación de una presunta estafa a 76 denunciantes de Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” cuyos responsables, pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico.

La maniobra defraudatoria ascendería a una suma de 313 millones de pesos y un millón de dólares, según así lo confirmó a Elonce el fiscal a cargo de la causa, Santiago Alfieri.

En la causa están imputados Matías Santamaría, como el principal sospechado de las estafas; los hermanos Andrés y Julio Gamarci, y Cristian Vital, empresario de la carne.

“No está en duda de que hubo negociaciones financieras y personas que decidieron invertir un dinero, que fue tomado por la financiera de Santamaría mediante el pago de un interés, como el un contrato de mutuo financiero, y en algún momento se trabó la financiera y no se restituyó”, expuso a Elonce el abogado defensor de Andrés Gamarci, Emilio Fouces; y apuntó que “la investigación debe determinar quién era el titular responsable de la empresa”.

Al dar cuenta de las disidencias que mantiene con la acusación esgrimida por fiscal Alfieri, el defensor de uno de los imputados sentenció que “Gamarci no era socio, sino, el contador de la empresa”. De hecho, ejemplificó: “Habría que dejar la profesión si todos los abogados vamos a ser cómplices de alguna empresa en la que intervenimos y que después termina con problemas”.

“El dueño de la empresa es el que toma las decisiones, el que decide a quién le presta y a quién no y demás, pero quien a fin de mes hace los balances, las declaraciones juradas y envía las cartas documento, no es un socio, sino un asistente profesional porque, en una empresa, cada uno cumple un rol como lo hace una secretaria o un cadete”, analizó Fouces en diálogo con El Explorador, el programa que se emite por Elonce.

Para Fouces, en el marco de la investigación, “resta definir si hubo delito o no porque, de hecho, alguien prestó dinero y alguien se comprometió a pagar intereses, pero determinado momento no pudo seguir pagando”. Y en ese sentido, se preguntó: “¿Es un delito o un incumplimiento contractual, que se resuelve por la vía civil?”.

“La mayoría de las personas que presta dinero no está inscripta en el Banco Central como agentes financieros; y no son hechos ilícitos”, explicó el letrado. Es más, expuso que “es un negocio lícito el prestar dinero a cambio de un interés; lo que lo otorga ilícito es si alguien, a través de un ardid o un engaño, tomó ese dinero con la previa intención de no devolverlo y quedarse con ese dinero”.

Pero para Fouces, “tal delito no ocurrió porque la gran mayoría de los denunciantes reconoció ante el fiscal que hace años operaban con la financiera y siempre fue un muy buen negocio porque cobraban intereses que estaban por sobre la media registral de los bancos”.

“Qué hacía la financiera con ese dinero para obtener para la renta para pagar los onerosos intereses”, se preguntó el defensor del contador. Y, en respuesta, afirmó que “la financiera prestaba ese dinero a altas tasas”. “No es una actividad ilegal”, insistió al remarcar que “esa intermediación no es ilícita”.

Consultado a Fouces sobre el origen de los fondos que se invertían en la mesa de dinero, éste reconoció la existencia de “negocios marginales, de un mundo financiero marginal”.

De igual manera, y al centrarse nuevamente en la acusación contra su defendido, remarcó que Gamarci “no cometió ningún delito, porque no es el dueño de la financiera y, a priori, esa financiera tampoco cometió delito”.

“Cuando comenzó la cesación de pagos, en septiembre, hubo una corrida producto de una situación macro que hasta afectó a grandes empresas”, analizó en relación al blanqueo de capitales propuesto por el gobierno de Javier Milei.