La justicia investiga la presunta estafa a decenas de personas en Paraná, que depositaron fondos no declarados en la denominada “Mesa de dinero” manejada por un contador que estuvo vinculado al mundo del softbol y otro socio, los cuales pagaban intereses superiores a los del mercado financiero, a los ciudadanos que consignaban fondos para obtener el beneficio económico. La maniobra habría afectado a más de 30 personas por un monto que sería de varias decenas de millones de dólares.
El mecanismo fue innovador: no solo tomaban pesos o dólares de los inversores. También aceptaban vehículos y propiedades. A cambio, ofrecían rendimientos mensuales del 4% en dólares y la devolución del capital al final del plazo. Esto implicaba que quien invertía 10 mil dólares en un año ganaba 4.800. Para lograr ese rendimiento con bonos del Tesoro de Estados Unidos se requiere una década.
Los más involucrados
En la operatoria, apelaron a instrumentos como contratos de mutuo y pagarés. Hasta el momento, los más involucradas son el contador Andrés Gamarci y su socio, el empresario y ex kiosquero, Matías Santa María, aunque podría haber otros actores que tendrían roles menores en la Mesa de Dinero.
Gamarci está a derecho y ya designó abogado, el cual afirma no tener responsabilidades en las fraudulentas maniobras y apunta contra su socio. En tanto, Santa María, a quien se identifica por la vida de lujos que ostentaba en redes, desapareció hace un mes y medio, cuando comenzaron los reclamos de los inversores, muchos de los cuales, empezaron a intentar recuperar su dinero para adherirse al Blanqueo de capitales, lanzado por el Gobierno de Javier Milei.
Atractiva ganancia
A primera vista, el mecanismo no requería que los inversores tuvieran que recomendar o llevar a nuevos clientes. Pero hubo casos, en los que ofrecían una ganancia extra, a quienes arrimaran personas con dinero o bienes para invertir.
En el día a día, utilizaron oficinas en el centro de la capital entrerriana, más precisamente, en Urquiza (al 1100) y Pellegrini, como también, el estudio contable de Gamarci, en calle 9 de julio al 300, lugares que fueron el blanco de allanamientos.
También se rumorea que algunos de los inversores, habrían sido recibidos en el conocido supermercado de Avenida Ramírez, el cual, fue uno de los primeros lugares allanados a comienzos de esta semana. Cabe recordar que Gamarci es uno de los dueños y socios de ese tradicional supermercado.
Además, se allanaron domicilios particulares de los acusados, en calle Corrientes, en calle Tucumán y otras dos viviendas ubicadas en un barrio privado de Paraná.
Cuatro años operando
“Ofrecían a quienes tuvieran un auto o una propiedad que los lleven. Les prometían un canon mensual y que al cumplirse el plazo recibirían el valor del bien. Pero no les pagaron nunca. Cuando llegaba la hora de cobrar, los pateaban para adelante o les ponían la excusa de que había que anunciar (el retiro del capital) con meses de anticipación. Los iban pedaleando hasta que no aguantó más y explotó”, le narró a Infobae Claudio Berón, representante de las víctimas.
“Los mutuos eran firmados por Santamaría. Pero en muchos casos usaban la máscara de SAS (sociedades de acciones simplificadas, o de cómodo en la jerga) llamadas Fanmar y Jifa. La operatoria duró 4 años, más o menos. Paraná es un pueblo grande y la confianza fue lo que operó a favor de ellos”, evaluó el abogado.
La magnitud de la estafa
La punta del hilo de la historia llegó cuando un grupo de personas que habían colocado bienes en el sistema observaron que los financistas “estaban vaciando las empresas por problemas financieros”, señaló Berón. Uno de los afectados había entregado dos vehículos que debían ser vendidos y capitalizados. Pero la transacción no se produjo. Y tampoco se los devolvieron.
Al grupo inicial de estafados se fueron sumando otros. La cadena se hizo de la misma manera en que se llegó a la cueva financiera: boca a boca. En las versiones que circulan en Paraná, se menciona una cifra de varias decenas de millones de dólares y un universo de afectados, superior a las 30 personas.
Denuncias
Tres estudios de abogados de la ciudad han asumido la representación de los particulares damnificados: depositaron importantes sumas de dinero en una financiera que funcionaba de modo informal y por estos días atraviesan la zozobra de no saber qué será de sus inversiones.
Se trata de los abogados Claudio Berón, Patricio Cozzi y Miguel Cullen, y de Marcos Rodríguez Allende.
De momento, no se llega una cifra exacta de damnificados y del volumen del dinero involucrado. Hubo denuncias en la Policía, en el Ministerio Público Fiscal y consultas ante estudios jurídicos.
El inicio de la crisis y las denuncias
Al mismo tiempo, se piensa que muchas víctimas, no llegarán a reclamar ante la Justicia su dinero y sus bienes. “Hay gente que no denunciará porque invirtió plata en negro y tienen miedo a la AFIP. Se habla de inversiones de hasta 2 millones de dólares”, consignó Berón.
El sistema entró en crisis entre junio y agosto. En ese lapso “se empezaron a atrasar con los pagos”.
“Ponían excusas y pagaban menos de lo que debían. Cuando (las víctimas) querían retirar el dinero les decían que tenían que renovar por 6 u 8 meses. Estaban tratando de ganar tiempo. Pero hubo gente que les dijo no, se hizo una bola y comenzaron las denuncias”, relató el letrado.
Berón señaló que es probable que se puedan sumar más involucrados a los tres que están investigadas en este momento. También está bajo la lupa una cuarta persona. Se trata de uno de los socios del supermercado que era la base de operaciones de la maniobra.
(Con información de Infobae)