Tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Buenas Prácticas en la Utilización de Fitosanitarios y Domisanitarios, presentado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se propone regular el uso de agroquímicos en la producción agropecuaria en la provincia.

A favor del proyecto votaron la totalidad de los legisladores presentes, con la excepción de las diputadas de Más para Entre Ríos Lorena Arrozogaray, Stefanía Cora, Silvia Moreno, Andrea Zoff y Laura Stratta.

El proyecto

A la perspectiva productiva se le incorporó las perspectivas ambiental y sanitaria, mencionó los principales puntos del texto: el alcance de la regulación; la incorporación de nuevos actores y nuevos deberes; el ordenamiento ambiental del territorio con tres zonas para el uso de fitosanitarios –de exclusión, de amortiguamiento y de libre aplicación– y la diferenciación de 24 distancias respecto de escuelas rurales, pueblos, áreas naturales protegidas y cursos de agua, entre otros sitios. Citó también aspectos como la incorporación del fomento de la producción ecológica, la creación de redes de monitoreo ambiental; el fortalecimiento de la fiscalización, que contempla el otorgamiento de poder de policía a los gobiernos locales, y un régimen sancionatorio ampliado.

Juan Manuel Rossi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente, fundamentó el proyecto de fitosanitarios y destacó la participación de distintos sectores en el debate previo. “Es un día histórico para la Cámara y para la provincia, porque hoy en materia de agroquímicos nos rige la Ley 6.599, de la época de la dictadura. Ha pasado mucha agua bajo el puente y nos parecía importante modernizar y actualizar la ley”, sostuvo.

“Hay una maraña de resoluciones y decretos ministeriales dictados a lo largo de los más de 40 años que tiene la ley. También ha habido muchos fallos judiciales y, el 6 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia ordenó al Poder Legislativo avanzar en una nueva normativa en un plazo razonable”, agregó Rossi.

Contra la iniciativa

Tras la sesión, la diputada Lorena Arrozogaray del bloque Unión por la Patria, comunicó a Elonce que votó en contra del proyecto de ley y cuestionó algunos puntos de la iniciativa. “En Gualeguaychú, nuestro eje central fue la lucha contra UPM-Botnia y Amarras y la prohibición del uso del glifosato en la ciudad, por lo cual, mi comunidad me exige que continúe esa defensa del cuidado ambiental”, fundamentó la legisladora.

Sobre las distancias mínimas para las pulverizaciones

En la oportunidad, repasó que, en marzo, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos amplió la zona de restricción para las fumigaciones rurales con agroquímicos, tras un amparo ambiental planteado por un grupo de vecinos de Colonia Ensayo.

“La Justicia falló al establecer que la distancia es de 1.095 metros y el actual proyecto de ley con media sanción comprende una distancia irrisoria de 150 metros”, comparó al instar “a ir en consonancia con lo que dispone la Justicia en materia de cuidado”.

Y apuntó que “la actual ley provincial de evaluación de impacto ambiental no declara a las fumigaciones como una actividad peligrosa, pero en la mayoría de los artículos del proyecto confirma lo peligroso que son los agrotóxicos”.

En esa línea argumentativa, Arrozogaray se basó en el principio ambiental de responsabilidad. “Qué pasa cuando se genera un efecto degradante en el ambiente, como cuando un productor contamina una capa de agua”, se preguntó al cuestionar que “la normativa debería establecer responsabilidades de acciones preventivas y correctivas de recomposición”.

Controles y monitoreo ambiental

El proyecto, que obtuvo media sanción, contempla el monitoreo ambiental y una regulación de protocolos, de cómo deben usarse los fitosanitarios y la definición de un Consejo Asesor, la asignación de un fondo específico para controlar y fiscalizar las pulverizaciones.

Pero Arrozogaray, se interrogó, además, “cuál será la intervención de la secretaría provincial de Ambiente en relación al control de las fumigaciones” y apuntó a “la falta de una autoridad de aplicación compartida”. “El consejo asesor debería tener un equilibrio, una pluralidad de voces y una representación equitativa”, señaló la legisladora del UxP.

Si bien las recetas para la aplicación de fitosanitarios que presentan los productores se hace de forma digital, la legisladora se preguntó si existen los recursos necesarios para tal contralor. “La norma no establece cuál será el fortalecimiento del monitoreo ambiental y cómo será el contralor en las grandes dimensiones que tiene Entre Ríos en sus tierras”, cuestionó en diálogo con Elonce.

Cuidado ambiental

Finalmente, Arrozogaray aclaró a Elonce que no está en contra de la actividad económica, pero sí consideró que “las legislaciones deberían ser progresivas en lo referente al cuidado de la casa común”. “Debemos ser responsables y caminar de manera conjunta entre la producción y el cuidado ambiental, no debería ser una cuestión que quede meramente en la órbita de una ley provincial”, fundamentó al remarcar: “Deberíamos implementar legislaciones de avanzada para no tener legislaciones que sean regresivas del actual decreto”.

“Tengo el deber y la responsabilidad de continuar con la bandera de la lucha ambiental porque así me lo exige la ciudad de Gualeguaychú y quienes tenemos responsabilidad de gobierno, no podemos priorizar lo económico por sobre el cuidado ambiental. Debemos tener una madurez política para entender que este es un camino en el que grandes países nos referencian por la trazabilidad de los productos”, cerró la legisladora.

El rechazo de ambientalistas

Ambientalistas nucleados en la ONG “Paren de fumigar”, representados por Nadia Burgos y Ximena Rosso, dieron cuenta del rechazo al proyecto de ley, al que consideraron “regresivo y obsoleto”. “Es una ley que legaliza el agro-negocio, las fumigaciones, y deja a las poblaciones a merced de un modelo productivo que piensa en ganancias para unos pocos y no en alimentarnos ni cuidar nuestro territorio”, cuestionó la militante de Izquierda.

“Pretendemos que se convoque a discutir una reforma agraria-agroecológica para pensar un modelo productivo que no tenga venenos, sino que contemple las necesidades sociales de los entrerrianos”, exigió Burgos.

Rosso, por su parte, completó: “A los diputados ya se les había explicado por qué este proyecto no debía seguir, porque es inconstitucional por el riesgo para la salud y por la conflictividad social que genera”.

La ambientalista es vecina del barrio Tierra Alta, ubicado en Colonia Ensayo (Departamento Diamante) y ante Elonce denunció: “El modelo que se quiere sostener es el de venenos porque si la distancia para las pulverizaciones es de 10 metros desde nuestra casa, quiere decir que vendrán a la puerta de nuestra casa a fumigarnos”.