Sin inconvenientes ni discusiones ásperas, la comisión de Presupuesto y Hacienda encabezada por el oficialista Roberto Feletti firmó el dictamen del proyecto que también cuenta con el apoyo de la oposición, aunque la UCR propuso algunas modificaciones que, por el momento, no fueron tenidas en cuenta.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo ya cuenta con la aprobación del Senado y la semana próxima la Cámara de Diputados la convertirá en ley, informaron fuentes legislativas a NA.

Durante el debate en la comisión, los diputados de todos los bloques opositores anticiparon que votarán a favor del proyecto aunque propusieron modificaciones tendientes a que la nueva ley alcance a una cantidad mayor de niños.

Tal como está planteado, el proyecto abarca a las asignaciones por hijo; por hijo con discapacidad; prenatal; por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal; por nacimiento; por adopción; por matrimonio; por hijo para protección social (AUH) y por embarazo para protección social.

El diputado radical Ricardo Buryaile pidió incluir en la movilidad automática al Plan Progresar, que abarca a "jóvenes que perciben becas para poder estudiar" y también sostuvo que no comparte que "se excluya a sectores con pobreza estructural".

En este sentido, mencionó el aumento diferencial del 30 por ciento que rige para los beneficiarios de las asignaciones que viven en la Patagonia y pidió que se aplique ese mismo monto para las zonas del NOA y NEA.

A su turno, el diputado Claudio Lozano, del bloque Unidad Popular, indicó que la AUH actualmente "deja afuera a 3.676.000 chicos", entre los que se encuentran, por ejemplo, hijos de monotributistas de categoría B, que perciben en promedio un sueldo de 4.000 pesos mensuales.

No obstante, se descuenta que la iniciativa será aprobada en general con un amplio consenso.

En su articulado, la iniciativa establece que a partir de marzo próximo las asignaciones aumenten automáticamente dos veces por año, a través del mismo cálculo del índice de movilidad que se utiliza para las jubilaciones, contemplado en la Ley de Movilidad Jubilatoria (26.417).

Además, el proyecto legaliza el aumento diferencial que rige para los habitantes de la Patagonia (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego), La Pampa y el partido bonaerense de Patagones, por tener un costo de vida más alto.

Este punto, que fija un aumento diferencial del 30 por ciento, fue uno de los más conflictivos del debate, pese a la unanimidad en torno a la aprobación del proyecto que envió el Poder Ejecutivo.