Este jueves, la justicia paraguaya dictó prisión domiciliaria para el senador nacional Edgardo Kueider y su secretaria Iara Magdalena Guinsel Costa, quienes deberán permanecer en un departamento de Asunción bajo control constante de la policía nacional. Además, se les impuso una fianza personal de 150 mil dólares a cada uno.
Ambos fueron imputados por tentativa de contrabando. El fiscal del caso, Alcides Giménez Zorrilla, explicó que la decisión de arresto domiciliario se tomó porque consideran que permitir que Kueider regrese a Argentina podría representar un riesgo para el proceso judicial. Esta medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que también había pedido la prohibición de salida del país.
El arresto domiciliario busca asegurar la comparecencia y el procesamiento de los acusados en el marco de la investigación. Giménez Zorrilla indicó que la causa entra ahora en una nueva etapa, que incluirá la determinación del contrabando de dinero no declarado, su posible origen y la posibilidad de que se les impute por lavado de activos.
La investigación apenas comienza, y según el Código Procesal de Paraguay, la justicia tiene seis meses para desarrollarla. Por lo tanto, el fiscal no adelantó detalles sobre el futuro de la causa ni las posibles penas para Kueider.
La versión de Kueider sobre el destino del dinero que transportaba fue desestimada por la justicia paraguaya. Según él, el dinero era para comprar electrodomésticos e invertir en criptomonedas, pero al no presentar documentación que acreditara el origen del dinero ni haberlo declarado, tanto el juzgado como la fiscalía rechazaron esta explicación.
Kueider, por su parte, negó que el dinero fuera suyo, afirmando que pertenecía a su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa. Esta, por su parte, sostuvo que viajaba a Paraguay en representación de una empresa local para realizar compras e inversiones.
En cuanto a una posible destitución de Kueider en el Senado, aunque los senadores y diputados están exentos de juicios políticos, existe un proceso interno en la Comisión de Asuntos Constitucionales que determina las sanciones a los parlamentarios. Kueider preside dicha comisión, pero debido a que ha anticipado que solicitará licencia mientras se resuelve su situación judicial, su lugar podría ser ocupado por la vicepresidenta de la comisión, la senadora tucumana Sandra Mendoza (Unión por la Patria).
Ella podría convocar a una reunión para evaluar el procedimiento de sanción o desafuero de Kueider, según lo dispuesto en la Ley 25.320. En este caso, existe una mayoría dentro de la comisión que podría determinar las sanciones que correspondan. (Con información de Ámbito)