Los interventores del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos, Mariano Gallegos y Mariana Alegre, brindaron precisiones sobre las irregularidades detectadas en la administración del IOSPER y denunciaron la “desidia” que imperaba en el organismo; denunciaron “doble liquidación y sueldo de $16 millones de un funcionario”.

“La doble liquidación de sueldos ocurre en un total de 25 funcionarios y no funcionarios; y es materia de análisis por qué es la doble liquidación”, informó Alegre y reveló a Elonce que “el sueldo de un funcionario ronda en 15 millones de pesos”.

Consultados sobre la devolución del dinero mal gastado por parte de los funcionarios de Iosper, indicaron que “lo documentado será remitido al Tribunal de Cuentas porque no son los interventores quienes deciden sobre esos gastos”.

“Hay una gran desidia administrativa porque hay varios gastos que pueden reducirse y colaborarán con la situación del Iosper”, apuntó la subinterventora al cuestionar que la obra social provincial “paga caro”. “Continuamos con las auditorias para bajar los gastos innecesarios y asegurando las prestaciones a los afiliados”, prometió. De hecho, dio cuenta de las reuniones con los prestadores “para, en conjunto, encontrar una solución”.

Gallegos, por su parte, apuntó a “la negligencia en la administración porque se compra caro y se contrata mal”. Es más, ejemplificó que, en otras obras sociales, “el promedio de descuentos está muy por encima de los descuentos que ofrece Iosper”.

“Hay 43 mil millones de deuda y un déficit operativo mensual de tres mil millones de pesos”, remarcó el interventor.

“El aporte de la provincia está garantizado, pero necesitamos que ese aporte cubra la mayor cantidad de prestaciones posibles y no como hoy que se pagan algunas y otras se adeudan desde julio, como a acompañantes y cuidadores”, explicó al prometer “un reparto más equitativo entre los prestadores”.

Apuntaron a "la industria del amparo"

Al preguntarles sobre la cantidad de amparos presentados contra Iosper para conseguir una prestación de la obra social provincial, Gallegos sostuvo que “son muy comunes y el número está muy por encima de la media de otras obras sociales”. Y bregó “para que no haya una industria del amparo”.

“Hay amparos por problemas administrativos”, comentó Alegre; y ejemplificó el caso de “una falta de respuesta en tiempo y forma a un afiliado que se transformó de 200.000 pesos por la prestación en 2023, a un amparo de siete millones de pesos por una falta y una lentitud de respuesta”.