REDACCIÓN ELONCE
Se realizó la cuarta jornada multifuero en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Participaron magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos.
Al respecto, la procuradora adjunta, Mónica Carmona, explicó a Elonce que “nos hemos juntado desde todos los ámbitos del Poder Judicial de Entre Ríos para discutir y hablar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las materias, civil, comercial, laboral, penal. La Dra. Argibay Molina fue una líder a la que le debemos la instalación de la discusión y del debate dentro de la justicia. Nos trajo a la realidad con su observatorio, con los cuestionamientos y con sus sentencias, para que apliquemos realmente esta perspectiva de género que implica nada más ni nada menos que devolver a las mujeres los derechos que, por el sometimiento y por la vulneración de sus derechos estando sometida a relaciones desiguales de poder, han sufrido en distintos ámbitos”.
Por otra parte, mencionó que actualmente, debido a la crisis social, “hay mayor conflictividad social y también acá sufren las mujeres mayor victimización dentro de esta violencia que es general. La mujer se vuelve más vulnerable de lo que es y eso hace que tengamos mucho más trabajo en la justicia”.
Detención para delincuentes que estén cometiendo un delito y tengan antecedentes penales
El procurador general, Jorge García, ordenó a los fiscales disponer la detención de personas que sean sorprendidas en flagrancia, es decir, cometiendo un delito, y registren antecedentes penales. Esta medida responde a la necesidad de optimizar el trabajo diario de fiscales.
Al respecto, Carmona explicó al programa GPS: “Esta resolución ya tiene un tiempo y apunta a ordenar, si se quiere, un poco el trabajo diario que tiene que ver también con la mayor conflictividad social que estamos viendo, sobre todo dentro del ámbito penal, donde los fiscales en turno se ven abarrotados, al igual que la Policía, de detenidos. También nos enfrentamos con la falta de recursos del Ministerio Público Fiscal y en virtud de tomar decisiones dentro del turno y en la celeridad de la toma de decisiones, se produjeron algunas situaciones que el Procurador quiere ordenar, reiterando ya directivas que se habían dado”.
La funcionaria precisó que la medida busca evitar la liberación inmediata de aquellas personas que tienen antecedentes penales. Indicó que “se busca que el fiscal en turno, cuando hay una persona con antecedentes, no tome la decisión de liberarlo en ese momento, sino que si esa persona presenta antecedentes la causa sea derivada al fiscal que tiene las causas anteriores. El fiscal en turno es el que atiende en ese día y en ese momento cuando llama la Policía porque una persona cometió un delito”.
Además, Carmona aclaró que esta medida se diferencia del controversial proyecto de "reiterancia", que propone que cualquier persona con antecedentes penales quede automáticamente en prisión preventiva, lo que ha generado debates sobre su constitucionalidad. "Hay diferencia notoria entre esta medida y el proyecto de reiterancia, por el cual por el solo hecho de tener antecedentes una persona debe ir en prisión. El Procurador ya ha manifestado su posición y hay observaciones constitucionales al respecto de este último punto. Llevar a cabo la nueva medida es nada más que aplicar el Código que está vigente, donde cada fiscal tiene que evaluar los riesgos procesales en cada caso concreto y justamente, en los casos de reiterancia, evaluar estos precedentes y en base a eso tomar decisiones para pedir la prisión preventiva o pedir otras medidas de coerción menos gravosa, como puede ser una tobillera o una prisión domiciliaria a cargo de algún familiar de la persona que viene infringiendo la norma”, dijo.
Mencionó que más allá de la conflictividad social, es importante “agregar los problemas de salud mental que se ven a diario y el problema de consumo que también lleva a muchas personas a cometer delitos. La situación es muy compleja para un fiscal en turno, entonces este ordenamiento, que ya eran lineamientos que había dado el Procurador frente a este colapso de conflictividad social, ordena un poco la tarea diaria. Quiero diferenciarlo claramente del proyecto de reiterancia, que es del cual se habló a nivel nacional”.
Consultada respecto a cómo se trabaja con aquellas personas que padecen problemas de salud mental o adicciones, indicó: “Estamos trabajando y tenemos una mesa interinstitucional para abordar justamente la falta de recursos que estamos teniendo desde el Estado en ese sentido. Estoy hablando de la falta de psiquiatras en turno en los hospitales o la falta de asistencia real, por ejemplo, para las problemáticas de consumo. Me refiero a lugares donde uno pueda internar a una persona que esté con problemas de consumo y que a raíz de eso caiga en la infracción del delito penal. Dentro del Poder Judicial tenemos psicólogas y psiquiatras que dictaminan interdisciplinariamente cuál es el estado de salud mental de la persona que comete el delito y si la respuesta posible es una medida de pena y de cárcel o si es una medida de seguridad lo más adecuado para resolver la problemática”.
Aclaró que si bien “la Ley de Salud Mental parte de la libertad para internarse que tiene la persona con problemas, cuando esa persona infringe la ley penal entramos en otro terreno y si presenta riesgo para sí o para terceros, puede pedirse la internación, lo pide el fiscal. Previo contrapunto o no con la defensa, puede ser de común acuerdo también, lo decide un juez”.
Por otra parte, informó que “se ha incrementado notoriamente el delito en la vía pública. Un fiscal en turno tenía generalmente una o dos personas detenidas y ahora está teniendo 18 personas detenidas en promedio. Es una situación muy crítica. Ese fiscal tiene que resolver la situación de esas 18 personas y tomar la decisión con los tiempos muy cortos. La verdad que en 24 horas ese fiscal tiene que decidir si va a pedir la prisión preventiva o no de ese detenido”.
Mencionó que “la mayor cantidad de delitos que se pueden ver son hurtos, pero también tenemos mucho incremento en los casos de violencia de género”.
Respecto a que si la detención de los delincuentes no generaría mayor sobrepoblación en las cárceles, explicó: “Lo que justamente destacó el Dr. García, Procurador General de la provincia, cuando lo convocaron a discutir la ley de reiterancia, es que como el proyecto dice que cualquier persona que ha reiterado la comisión de un delito tiene que sí o sí estar en prisión preventiva hasta que se termine el proceso, eso colapsaría las cárceles y que no están midiendo las consecuencias carcelarias de una decisión de este tipo, de una toma de más allá de los cuestionamientos constitucionales que claramente puede tener una norma de esta de esta naturaleza. La directiva que dio actualmente el Procurador para trabajar fue porque vio la necesidad, en base a algunas cuestiones de ordenar y reforzar estas directivas que ya estaban dadas para los fiscales, y es evaluar en cada caso concreto. No es parte, si bien nos preocupa como Ministerio Público, de los fiscales el ver el Sistema Penitenciario. Eso generalmente se resuelve entre el Juez de Garantías y el Sistema Penitenciario respecto a qué lugar puede ir destinada esa persona detenida, dependiendo el tipo de delito, si es un abuso sexual o simplemente un hurto. Nuestras cárceles están colapsadas”. Elonce.com
