España se encuentra actualmente atravesada por el debate sobre la ley conocida como "mordaza", que ha entrado en vigor hoy y que, según sus detractores, legaliza el silenciamiento de la libre expresión y la prensa.

La Ley de Seguridad Ciudadana -como se denomina oficialmente- fue aprobada en marzo gracias a la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular (PP) y con el rechazo de prácticamente toda la oposición política, que impugnó varios de sus artículos ante el Tribunal Constitucional (TC), que está pendiente de tomar una decisión.

El presidente Mariano Rajoy promovió esta iniciativa -una de las más emblemáticas de su Ejecutivo-, en coincidencia con un aumento de la movilización social contra los sucesivos ajustes y recortes implementados en el país.

Los grupos opositores y los movimientos sociales la han bautizado con el nombre de "ley mordaza" porque entienden que lo que se pretende es limitar la libertad de expresión y de manifestación.

La ley encontró una gran resistencia en las calles y el proyecto original fue suavizado después de que informes de órganos consultivos del Estado detectaran que algunas propuestas excedían los límites de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y tratados internacionales.

El TC aceptó recientemente un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del Parlamento español, que -entre otros puntos- cuestionaron la legalización de las "devoluciones en caliente", como se conoce el rechazo automático de los inmigrantes "sin papeles" que entran a España a través de los enclaves norafricanos de Ceuta y Melilla, fronterizos con Marruecos.

En este asunto, la reforma incumple la normativa internacional al violar el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.

Otra de las prohibiciones que entraron hoy en vigencia está la de manifestarse en el Congreso y en el Senado, lo que será considerado a partir de ahora una infracción. Los críticos cuestionan un vacío legal con relación a lo que puede ser una perturbación a la seguridad ciudadana y que cosas no lo son, y denuncian que esa definición quedará bajo el arbitrio de la policía.

Tampoco estará permitido fotografiar o filmar a policías. Esta práctica, y su posterior publicación en las redes sociales, ha permitido en los últimos años captar abusos policiales y ha servido como prueba para la condena de los agentes. Esta limitación ha sido denunciada por Amnistía Internacional, que ha dicho al respecto: "Captar imágenes de la policía, ya lo hicieran periodistas u otras personas con cámaras o teléfonos móviles, ha ayudado en ocasiones a difundir información sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía".

Otra disposición tiene que ver con lo que se ha convertido en una respuesta generalizada ante la crisis hipotecaria que golpea a España desde el comienzo de la crisis: los intentos por detener los desalojos. "En nombre de la seguridad ciudadana, la nueva normativa viene a sancionar, prohibir y criminalizar prácticas tan normalizadas como parar un desahucio", señala la PAH, uno de los colectivos contra los desalojos más activos. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana permite a la policía sancionar a aquellos que "obstruyan a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales".

Además, estará prohibido "el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionesn daños a las personas o bienes". La llamativa disposición parece apuntar a las manifestaciones organizadas por ONG como Greenpeace, denunciaron.

Finalmente, uno de los artículos más cuestionados de la nueva disposición establece la prohibición a la protesta pacífica. A partir de ahora, la policía tendrá la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez que lo ordene una autoridad competente.

Ayer, miles de personas salieron a las calles en Madrid y otras ciudades para protestar contra la ley, en la que parece ser la primera de una serie de manifestaciones para lograr la anulación de la nueva legislación.