La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por las vocales Claudia Mizawak, Susana Medina y el vocal Germán Carlomagno, rechazó por voto conjunto las impugnaciones extraordinarias presentadas por los condenados en el caso por los delitos contra la integridad sexual de tres hermanos en Oro Verde, los cuales eran niños cuando ocurrieron los aberrantes hechos.

 

Cabe recordar que, en noviembre de 2022, condenaron con penas de 9 a 25 años, a los juzgados por los abusos sexuales a tres hermanitos, pudo saber Elonce.

 

El 23 de noviembre de 2022 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, dio a conocer el adelanto de sentencia en el marco del juicio por los presuntos delitos contra la integridad sexual en Oro Verde.

 

Según el expediente, se investigó cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los tres menores para rituales sexuales. Entre los acusados que fueron juzgados, estaba el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

 

 

 

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por las vocales Claudia Mizawak, Susana Medina y el vocal Germán Carlomagno, rechazó por voto conjunto las impugnaciones extraordinarias presentadas por las defensas de los imputados: María José Saavedra, Lucía Lidia Saavedra, Gustavo Saavedra, Juan Pedro Saavedra, Daian Amaro Castro, Aldo González, Mario René Wolff Furlong, y Natalia Almeira.

 

 

 

Asimismo, dispuso no hacer lugar a los planteos de incompetencia, formulados como cuestiones previas, por las defensas particulares de Gustavo Saavedra; Daian Castro, María José Saavedra y Lucía Saavedra. Entendió que la causa fue iniciada bajo la vigencia del sistema de procedimiento Acusatorio Mixto, anterior al Acusatorio Puro y Adversarial y a la implementación del Instituto de Juicio por jurados.

 

La Sala, también denegó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva oportunamente dispuesta a los imputados: María José Saavedra, Lucía Lidia Saavedra, Gustavo Saavedra, Daian Amaro Castro, Aldo González, y Mario René Wolff Furlong.

 

El rechazo a los arrestos domiciliarios solicitados, fueron fundados por encontrar indicios concretos de riesgos procesales que habilitan el mantenimiento de la prisión preventiva en los lugares de detención donde se encuentran actualmente.

Las impugnaciones fueron interpuestas contra la sentencia de la Cámara de Casación Penal, Sala I, que confirmó las condenas dictadas por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

 

 

 

El fallo condenatorio

 

Cabe recordar que en noviembre de 2022, condenaron con penas de 9 a 25 años, a los juzgados por los abusos sexuales a tres hermanitos, pudo saber Elonce. Se recordará que el expediente, se investigó cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos, abusaban sexualmente y vendían a los tres menores para rituales sexuales. Entre los acusados que fueron juzgados, estaba el ex comisario Mario René Wolff Furlong, un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

 

La madre de las víctimas fue condenada a 25 años; mientras que el funcionario policial retirado recibió una pena de 22 años de cárcel, al igual que la tía de los hermanitos, pudo saber Elonce. Los otros juzgados también recibieron penas de entre 9 y 20 años.

Por tratarse de delitos contra la integridad sexual el debate se desarrolló a puertas cerradas, inicializándose los nombres de las personas imputadas y condenas para resguardar a las víctimas.

 

 

 

Así lo resolvió el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, presidido por la vocal Carolina Castagno, y los vocales Rafael Cotorruelo y Alejandro Cánepa, al dar a conocer el adelanto de sentencia en el marco del juicio por presuntos delitos contra la integridad sexual en Oro Verde.

En el desarrollo de la audiencia realizada esta mañana en la sala 1 de los tribunales de Paraná, la vocal Carolina Castagno aseguró que los abusos sexuales denunciados por las víctimas, menores de edad al momento de haber ocurrido, fueron acreditados durante el juicio.

 

Todos los condenados continuaron en libertad porque el Tribunal resolvió no hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella de dictar la prisión preventiva de los imputados.

Durante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares.

 

 

El detalle de las penas a los acusados

 

 

 

 

Por unanimidad, el Tribunal fijó las siguientes condenas para las y los imputados:

 

Saavedra, María José (madre de las víctimas): 25 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autora material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, el medio de comisión y por el vínculo, reiterada y promoción a la prostitución de menores agravada por la edad de la víctima y por el vínculo en concurso real (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

 

Saavedra, Lucía Lidia (tía de los menores): 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autor material del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

 

Mario René Wolff Furlong: 22 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo y tercero).

 

Saavedra, Juan Pedro (el abuelo materno): 20 años de prisión de cumplimiento efectivo de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).

 

Castro, Daian Amaro (exnovio de un tío de los menores): 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto).

 

Saavedra, Gustavo Abel (tío materno): 20 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el medio de comisión y por el vínculo, reiterada (hechos primero, segundo, tercero y cuarto).

 

Almería, Natalia Yanina: 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable del delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, por el vínculo de comisión y por el vínculo, reiterada.

 

González, Aldo Ignacio (exnovio de un tío materno): 9 años de prisión de cumplimiento efectivo por ser considerado autor material y responsable de los delitos de abuso simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal en concurso real.

 

 

Abogada querellante, Marina Hundt

 

Prisión preventiva

Cabe recordar que todos los condenados se encuentran con prisión preventiva. En un principio, habían continuado en libertad porque el Tribunal, había resuelto no hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y de la querella de dictar la prisión preventiva de los imputados.

 

Durante el juicio el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal coordinadora Matilde Federik y el fiscal Mariano Budassoff, en tanto que la abogada Marina Hundt y el abogado Máximo Estrugo actuaron como querellantes particulares.

 

Confirmación de Casación

En tanto, el 3 de agosto de 2023, la Sala I de la Cámara de casación Penal, integrada por las vocales María del Luján Giorgio, María Evangelina Bruzzo y el vocal Darío Perroud, rechazaron los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal de juicios y la confirmaron íntegramente.

 

 

 

 

Lo que había manifestado el ex comisario

 

 

Wolff Furlong había adelantado a Elonce que apelaría la condena. Sus declaraciones fueron el 23 de noviembre de 2022, previas al ingresar a la sala de audiencias donde iba a conocerse el adelanto de sentencia por el juicio.

“Siempre conservé una paz interior porque soy consciente de que tengo la verdad y la expuse en todo momento; no busqué coartada, no mentí y los que vinieron a declarar, como los dos jefes de policía, no lo hubieran hecho por una causa que no se justifica”, se defendió el comisario retirado y remarcó: “Todo mundo sabe de mi inocencia”.

 

“El padre dice que esto arrancó en Mar del Plata en 2005, entonces, dónde estaba él”, se preguntaba el ex funcionario policial al apuntar a la forma en la que, según él, “se involucra a gente a través del tiempo”.

 

 

 

 

 

“Hubo un cambio de escenario y cambio de actores, un ingreso de gente, como en mi caso, en 2016; entonces, no tiene lógica todo lo que dijo esta persona”, repasaba Wolff Furlong. Pero se recordará que los niños -en sus declaraciones en cámara Gesell- lo habían mencionado como uno de los responsables de los abusos sexuales.

 

 

La larga historia de la causa que estuvo "dormida"

 

El periodista de policiales, Néstor Bellini, detalló a Elonce que "la causa empezó a sustanciarse a partir de una denuncia que se presentó en Tribunales en julio de 2013. Los hechos datan de 2005 a 2011 y las víctimas son tres niños. La causa desde 2013 a 2017 estuvo prácticamente dormida. Hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de reflotar esta causa, la fiscal Laura Cattaneo se la puso al hombro, volvió a revisar las Cámara Gesell y vio que lo que se empezó a investigar como un abuso intrafamiliar en un solo caso respecto a una sola víctima, en realidad era algo mucho más amplio, continuado en el tiempo y que involucraba a terceras personas".

 

 

 

"La fiscal pidió la nulidad de todo lo actuado hasta septiembre de 2017 y dio una ampliación de requerimiento fiscal, revisando las imputaciones. El 24 de agosto hubo una rueda de reconocimiento donde los chicos volvieron a los Tribunales de Paraná, siendo ya mayores de edad, y reconocieron a varias de las personas, sindicadas como sospechosas de haber sido partícipes de estos abusos sexuales en rituales", comentó.

 

 

 

 

 

Asimismo, dijo que "entre los 11 imputados hay dos policías y uno de ellos es un comisario general: Mario René Wolff Furlong. Ahora él está retirado, pero en ese momento estaba en actividad. En el expediente hay datos que hablan de que este hombre podría tener una responsabilidad aún mayor que la que se le atribuye respecto a los abusos. Hay un dato que dice que este hombre habría liberado la zona de camino hacia Santa Fe por el Túnel para trasladar a una de las víctimas a la vecina provincia".

 

Finalmente, se confirmaron los procesamientos

 

En diciembre de 2019, el Tribunal de la Sala Nº 2 de Paraná confirmó los procesamientos de todos los imputados en la causa por abusos contra menores en Oro Verde que rescató la fiscal Laura Cattáneo. Deberán ahora afrontar el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.

 

Según se publicó respecto a este tremendo caso, los menores eran víctimas de un plan sistemático. Cuando los chicos empezaban a abandonar la etapa de bebés y se acercaban a la niñez, la madre los empezaba a "preparar" físicamente para que sus partes íntimas luego "aceptaran" los abusos sexuales a los que ella misma los sometía y a los que los someterían más tarde los clientes que integraban una red de prostitución infantil en la localidad de Oro Verde, a pocos kilómetros de Paraná, la capital de la provincia.

 

 

La ex fiscal Cattáneo rescató la causa

 

Según consta en la investigación judicial que llevó adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos habrían ocurrido entre 2005 y 2011, época en la que tres de cuatro hermanos fueron abusados y violados, tanto por el círculo más cercado de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.

 

 

 

Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo acaba de confirmar los procesamientos de todos los imputados: son 11 personas que afrontaron el juicio por varios hechos enmarcados en los delitos de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.

 

Quiénes son los acusados

 

Además de la madre, una tía, un tío, y el abuelo materno, entre los 11 procesados se encuentra Mario René Wolff Furlong, un comisario general hoy retirado de la Policía de Entre Ríos pero en funciones durante la época en la que habría cometido los abusos.

Los otros acusados eran la madre, la tía, el tío, el abuelo y seis personas más que eran quienes “compraban” a los menores, entre ellos, un hombre consignado en el expediente, como locutor de radio en la ciudad de Gualeguaychú.

 

 

 

Los detalles de los escalofriantes hechos

 

A la madre de los menores se la acusa de haber llevado a cabo diversas conductas que alteraron el normal desarrollo sexual, tanto psíquico como fisiológico, de los menores despertándoles una temprana sexualidad y desviándoles el desarrollo de su futura libido. Es decir, de haberlos "preparado" para que sus cuerpos "toleraran" los abusos sexuales a los que luego los sometería.

Esas "preparaciones" consistían en actos sexuales de ella con sus hijos en los que los masturbaba o los obligaba a realizar acciones sobre su propio cuerpo: ella adulta y los niños con 5, 6 o 7 años de edad.

 

Según consta en el expediente en el que el Juez Gustavo Maldonado solicita el procesamiento de los 11 acusados, los menores ratificaron en diversas Cámaras Gesell el modus operandi de la madre para los abusos: en los dos casos, cuando cometía estos abusos, lo hacía en soledad con alguno de sus hijos. Por eso, el hermano y la hermana que fueron los abusados y violados, nunca supieron que al mismo momento les estaba pasando lo mismo.

 

“Facilitación”

 

Además de someterlos desde muy pequeños, la madre habría obligado a los menores a participar de orgías y fiestas sexuales entre adultos, al principio como "observadores" pero luego ya obligándolos a ser parte activa de los actos sexuales que allí se realizaban.

Las "fiestas" y los rituales, según consta en los testimonios a lo largo de los años que los menores - hoy mayores de edad - fueron dando ante la fiscal Cattáneo, sucedían en viviendas particulares de la localidad de Oro Verde, a unos 10 kilómetros de Paraná.

 

 

 

Pero los abusos y las preparaciones habrían comenzado mucho antes, cuando la familia residía en Mar del Plata. Desde entonces, reconocen las víctimas, la madre los habría preparado para esta situación. La complicidad de gran parte de la familia materna habría facilitado que las atrocidades fueran cometidas, incluso, en el propio hogar familiar ante la ausencia del padre de los niños.

 

Testimonios

 

Ya instalados en Oro Verde, la madre habría comenzado a vender a sus hijos ofreciendo sus cuerpos a cambio de dinero. Es en esta instancia en que la causa pasa de tener 4 a 11 procesados. En una primera etapa de la investigación, la fiscal había imputado solamente a la madre, la tía, el tío y el abuelo -la abuela fue declarada insana y apartada de la causa-. Pero tras la reactivación de la investigación en 2017, la fiscal detectó en los relatos de los menores la identificación de siete personas más que eran quienes compraban los servicios sexuales de los menores.

 

En los relatos en Cámaras Gesell, las víctimas empezaron a nombrar a los acusados por sus apodos. A raíz de un trabajo de largo tiempo, la fiscalía logró avanzar en los testimonios hasta identificar con nombre y apellido a los 11 acusados. Esos datos de identidad fueron confirmados en varias ruedas de reconocimiento, en distintas etapas de la investigación judicial, de la que participaron las víctimas.

 

 

 

“Utilizados como mercancía”

 

Todos los testimonios de las víctimas fueron respaldados durante todo el proceso judicial por informes médicos forenses, informes de peritos psicológicos y psiquiátricos. Según dijo el propio juez Maldonado en el pedido de procesamiento: "Lo narrado por los jóvenes al padre y a sus psicólogos, luego en sede judicial en distintas partes del proceso, abarcando el paso de los años, ponen de manifiesto haber sido objeto de tratos deshonestos y haber sido utilizados como mercancía por terceros, ya por dinero o por simple placer personal en un continuo menosprecio por la dignidad".

 

En otro párrafo, consigna el Juez Maldonado que "el daño ocasionado a los hermanos queda también expuesto y debidamente acreditado con los informes y testimoniales de los profesionales que los abordaron (. . . ) y que ello se desprende por los signos que según los psicólogos intervinientes aún perduran".