La oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.

Durante la votación, el PRO mostró apoyo en su mayoría. Votaron a favor los legisladores Guadalupe Tagliaferri, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que la pampeana Victoria Huala se abstuvo. En contra votaron Carmen Álvarez Rivero, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli.

Detalles de la Ley y su impacto económico

La ley establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), esta medida tendría un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI.

El texto impone la actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades, basándose en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023.

Además, se ajustará de manera bimestral por inflación, descontando los aumentos ya otorgados durante el año. El proyecto también estipula que si una paritaria mejora la normativa, esta prevalecerá sobre cualquier otra disposición.

Reacciones y críticas

Como miembro informante, Eduardo De Pedro, presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”.

El legislador, advirtió que “si el presidente veta esta ley, que es sólo el 0,14% del PBI para las universidades argentinas, confirmamos que otra vez estamos ante un proyecto para muy pocos”, aseguró De Pedro. Además, dijo que la inversión en el área en discusión “es un elemento esencial de nuestro modelo productivo” y contribuye a “agregar valor en cada una de las provincias”.

Desde la Unión Cívica Radical, el catamarqueño Flavio Fama aclaró que el proyecto “no busca incrementar el presupuesto” y que su objetivo es “resguardar los gastos de funcionamiento”, los cuales representan menos del 10% del gasto asignado a las universidades. Fama también destacó las auditorías realizadas en el área.

Debate

Varios legisladores intercambiaron datos sobre aumentos otorgados por el Ejecutivo y auditorías. Fama recordó que la suba del 270% anunciada por el Ministerio de Capital Humano fue solo para la Universidad de Buenos Aires, la cual no refleja la situación de todo el sistema universitario.

El libertario Bruno Olivera cuestionó el desempeño del gobierno anterior, mencionando que, durante su gestión, no se incrementaron los fondos para las instituciones. Además, destacó que, al inicio de la administración de Javier Milei, se giraron $14.000 millones con 60 días de retraso del gobierno kirchnerista. “Un país que apuesta al desorden está destinado al fracaso. Tenemos una meta bien clara de equilibrio fiscal y no se negocia,” concluyó Olivera.

Posiciones encontradas y debate final

El radical Maximiliano Abad enfatizó el contraste entre la comunidad educativa, que espera la aplicación efectiva de la ley, y un presidente que ya ha decidido vetarla. Abad destacó la importancia del Congreso en representar fielmente a quienes los eligieron y defendió la necesidad de recursos para la educación.

En el cierre del debate, el peronista disidente Juan Carlos Romero criticó a los sindicalistas por no abordar la calidad educativa y sugirió que crear universidades en la última década había sido un error. Comentó que “si un 85% de los recursos va a salarios, hay carreras humanistas que no necesitan tanto equipamiento, pero para las técnicas no alcanza si se gasta ese 85% en salarios”.

Desde el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti criticó el objetivo del Gobierno libertario de “transformar las conciencias” y afirmó que el discurso del oficialismo busca “pisar la cabeza al de al lado”. Ezequiel Atauche, jefe de La Libertad Avanza en el Senado, respondió que “merecemos educación sin ideología” y que es necesario “contar la verdad” sobre el uso del dinero público.

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