El gobierno de Javier Milei salió a diferenciar este jueves los casos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex mandatario Carlos Menem, ambos con condenas judiciales, en relación a las jubilaciones de privilegio que perciben.

Mientras que la baja de las asignaciones a la titular del PJ fue decidida tras su condena en la causa Vialidad, las autoridades aseguraron que, en el caso de la viuda de Menem, Zulema Yoma, no existe voluntad política para dar de baja su pensión, a pesar de las similitudes en cuanto a las condenas. Fuentes oficiales confirmaron que hay otros casos de dirigentes políticos cuyas asignaciones están en revisión, pero que la situación de Yoma es diferente.

“No veo la similitud. En el caso de Cristina, ella es la titular de la asignación, la que incumple. En el caso de Yoma, no”, expresó una alta fuente oficial. Agregó que hay entre 13 y 15 casos más de funcionarios cuya situación está siendo revisada de acuerdo con la ley que regía en esos tiempos.

En cuanto a Yoma, quien percibe una pensión de $8.535.635, las voces oficiales señalaron que no hay un ánimo de modificar su situación, debido a que, como ex esposa de Menem, se encuentra en lo que se considera un “derecho adquirido”. La discusión se centra principalmente en el caso de Cristina Kirchner, cuya condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad desencadenó la baja de sus asignaciones. En este contexto, la comparación con Menem, quien también fue condenado en 2013 por el pago de sobresueldos con fondos de la SIDE, volvió a surgir, aunque las autoridades prefieren no entrar en ese terreno por el momento.

El argumento legal detrás de las decisiones de la ANSES

El gobierno de Milei también recurrió a un argumento legal basado en el artículo 29 de la Ley 24.018, que establece que las asignaciones de privilegio son incompatibles con aquellos funcionarios condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de su función pública.

Según esta norma, “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

El artículo 29 establece que las asignaciones de privilegio son un derecho solo si el beneficiario no ha cometido actos que perjudiquen al Estado. En ese sentido, las autoridades del gobierno libertario aseguraron que la condena de Cristina Kirchner “constituye una sentencia definitiva”, pues “agota la instancia judicial ordinaria”, y abre la puerta para que se recurra a la Corte Suprema, en caso de que se desee apelar la resolución.

De este modo, el gobierno insiste en que la baja de la asignación de Kirchner se basa en una “indignidad” jurídica y no en una cuestión política, aunque la medida claramente tiene un trasfondo simbólico en la lucha contra la corrupción.

Ante la posible apelación de la ex presidenta, un alto funcionario de la administración de Milei expresó ante la Agencia Noticias Argentinas que, de estar vivo, Menem “estaría en una situación similar a la de Cristina y (Amado) Boudou”, ya que, en su opinión, “tendría la misma causal de indignidad” derivada de sus condenas por corrupción. Sin embargo, el funcionario también reconoció que, en el caso de Yoma, el asunto es diferente, ya que la viuda de Menem no es la titular de la asignación y se encuentra en una situación legalmente diferente.

La postura del gobierno y la revisión de otros casos

La medida tomada por la administración de Javier Milei fue descrita como "urgente" y “ejemplar” por fuentes cercanas al Presidente, quienes señalaron que la decisión tiene un trasfondo constitucional. Según la interpretación oficial, la revisión de las jubilaciones de privilegio está respaldada por el artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que quienes incurren en “grave delito doloso contra el Estado” no deben seguir recibiendo beneficios que los vinculen con la administración pública. "Ante la indignidad, el privilegio tiene que caer", afirmó un funcionario, quien subrayó que la intervención del Ministerio de Capital Humano y de ANSES fue un acto de cumplimiento de la ley.

Por su parte, en el gobierno insisten en que la medida no tiene un fin punitivo, sino que responde a una “decisión legal”. De hecho, la cifra que Cristina Kirchner percibía en concepto de jubilación y pensión, que ascendía a un total bruto de $35.255.297,73, fue puesta en evidencia como un “resabio medieval”.

Finalmente, el gobierno también dejó claro que, en caso de que Cristina Kirchner quiera acceder a una nueva cobertura previsional, deberá presentar la solicitud correspondiente a ANSES y verificar sus 30 años de aportes. Si no cumple con los requisitos, se le ofrecería la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, el gobierno insistió en que la decisión “no tiene por objeto sancionar a nadie” y se basa estrictamente en el cumplimiento de la ley. Fuente: Noticias Argentinas