El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este domingo que el Gobierno está evaluando la posibilidad de nombrar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia, en caso de no lograr los votos necesarios en el Congreso antes de fin de año. "Son todas las alternativas que estamos analizando, pero aún no hemos tomado una decisión", declaró Francos en una entrevista con Radio Mitre. El funcionario expresó su preferencia por que la designación sea realizada por el Senado, aunque reconoció las dificultades de operar en minoría: "Cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más".

"La propuesta no fue tratada en el Senado, y la Corte quedará con tres miembros. El Gobierno está preocupado por la integración de la Corte. En la historia argentina ha habido de todo, pero lo mejor sería que lo determine el Senado", comentó Francos, aunque destacó que "cuando se está en minoría parlamentaria, el esfuerzo es enorme".

En ese sentido, también anticipó que se dará una discusión similar en torno a los pliegos para ocupar vacantes en juzgados federales. "Será una discusión, habrá muchos debates. En el futuro, tendremos más legisladores, lo que nos permitirá estar en una posición más fuerte", añadió.

La senadora kirchnerista Lucía Corpacci, por su parte, aportó recientemente la novena firma necesaria para que el pliego de Lijo sea sometido a votación en el Senado. Sin embargo, aún no se garantiza que se obtengan los dos tercios de los votos requeridos para su designación. En diciembre, la Corte quedará con solo tres integrantes, ya que el juez Juan Carlos Maqueda se jubilará al cumplir 75 años el 29 de diciembre, la edad límite para integrar el Máximo Tribunal. La Constitución establece que un juez puede permanecer en el cargo por cinco años más después de los 75, si el Presidente lo propone nuevamente y el Senado aprueba su pliego, pero en el caso de Maqueda, el Presidente Javier Milei no lo propuso, por lo que pasará a retiro.

Maqueda comentó la semana pasada sobre su salida: "No tuve tiempo de pensar en eso, porque me avisaron nueve o diez meses antes que, a los 75 años, me tenía que ir". En cuanto a la posibilidad de continuar en el cargo, agregó: "No es un drama irme a los 75, después de 22 años en la Corte. Estando bien, como estoy, podría haberlo considerado, pero no lo pensé. No tuve tiempo".

Desde hace meses, el oficialismo se encuentra en una carrera contrarreloj para lograr un dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos del Senado para las nominaciones de Lijo y García Mansilla. Ambos expusieron sobre sus postulaciones en audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos en agosto, y desde entonces sus pliegos han quedado habilitados para su tratamiento sin necesidad de nuevas reuniones. Sin embargo, debido a la falta de votos, el oficialismo se ha visto obligado a posponer indefinidamente la convocatoria a una sesión para debatir los nombramientos.

A pesar de las dificultades, el Gobierno ha intensificado las negociaciones en las últimas semanas para asegurarse las nueve firmas necesarias de los 17 miembros de la comisión. A principios de octubre, las expectativas eran altas, y desde el entorno de Milei aseguraban estar a solo una firma de obtener el dictamen, al menos para Lijo. En caso de conseguirse, el dictamen representaría una victoria para el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Justicia, Sebastián Amerio, quienes lideran las negociaciones con senadores y gobernadores con urgencia. El objetivo es tratar los pliegos antes de que el debate se vea eclipsado por la campaña electoral del próximo año. "Más adelante se complicará aún más", reconocieron en el Gobierno a medida que se acerca el cierre de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre.

El Gobierno espera al menos que se emitan dos dictámenes: uno de mayoría y otro de minoría, para que ambos sean llevados al recinto del Senado, donde los legisladores decidirán. En el peor de los casos, consideran que podría postergarse el tratamiento si no se alcanza el consenso necesario, es decir, si la comisión decide no tratar los pliegos de inmediato. De todos modos, el Ejecutivo baraja la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para abordar este tema, a pesar de la cercanía con el año electoral. (Con información de Infobae)