En el marco de una conferencia de prensa conjunta que se llevó a cabo este viernes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger, anunciaron que el Gobierno firmó una resolución, para prohibir los cargos hereditarios en la administración pública.
La medida establece que familiares y cónyuges de empleados estatales fallecidos no podrán ocupar sus puestos de trabajo como reemplazos.
“El delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba en la Argentina hasta el 10 de diciembre”, dijo el vocero presidencial. A partir de ahora, los cargos se asignarán por mérito y esfuerzo. “En esta Argentina, nadie tiene sangre azul”, agregó.
"Tamaño del Estado"
Adorni recordó que esta facultad, desterrada durante el gobierno de Mauricio Macri y vuelta a instaurar por la gestión de Alberto Fernández, estaba explícitamente incluida en estatutos y reglamentos de la Afip, el Banco Central y el Banco Nación, entre otros organismos del Estado.
De acuerdo con un comunicado enviado por la cartera de Sturzenegger, con esta medida, “se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro”.
Sin aceptar preguntas, el ministro de Desregulación ejemplificó que “en Aduana y AFIP hay una norma que dice que se atenderán los ingresos en forma inmediata de un hijo o cónyuge en caso de fallecimiento de un agente”.
En el caso de Anses, el funcionario sostuvo que “para el ingreso a planta permanente, ante igualdad de condiciones, se da prioridad a hijo o cónyuge de un fallecido que haya estado a su cargo” e indicó que algo similar ocurre en YPF.
"Privilegios"
En una especie de `racconto´ histórico, amplió: “En la Asamblea de 1813, uno de los puntos centrales era la abolición de los títulos nobiliarios y eso fue tomado después por la Constitución Nacional. Estos resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino y eso es lo que el Presidente Milei ha decidido eliminar”.
“Si se revisan los años de las cláusulas se puede ver que, en el BNA y el BCRA, son de 1973, en ANSES de 1998, en Aduana de 2008, en YPF de 2012 y Ferrocarriles, 2015. Todos son gobiernos peronistas. Se perfila entonces que en Argentina hay dos versiones: la liberal republicana y la medieval de la casta y acá está tipificado quiénes son”, sentenció.