El Gobierno nacional anunciará la eliminación de cuatro regulaciones aduaneras entre este miércoles y la próxima semana, con el objetivo de mejorar la rentabilidad y el tipo de cambio para importadores y exportadores de ciertos sectores. Las medidas, que serán publicadas en resoluciones de la AFIP y la Aduana, incluyen la derogación de precios mínimos establecidos para bienes en importaciones y exportaciones, así como el fin del sistema de estampillado de productos importados.
La titular de la AFIP, Florencia Misrahi, explicó que estas regulaciones, que no contribuían al control o a la recaudación, se han mantenido durante años y su eliminación representa un esfuerzo significativo. El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, detalló que se eliminará el “canal rojo valor” para las importaciones, que obligaba a los importadores a contratar una garantía si sus productos superaban el precio mínimo establecido por la Aduana, generando un sobrecosto del 1%.
Sturzenegger indicó que varios sectores, como hilados, calzados, neumáticos y acero, se beneficiarán con estas medidas, que eliminarán una protección aduanera adicional que habían logrado. Además, se abolirá el sistema de estampillado, que verificaba el origen extranjero de ciertos productos, ya que, según las autoridades, su única función era identificatoria y no relacionada con el control aduanero.
A lo largo de la semana que viene, se darán a conocer dos medidas adicionales: la eliminación de la participación de cámaras sectoriales en el proceso de verificación aduanera y la derogación del canal rojo de valor criterio para las exportaciones. Esta última modificación busca eliminar los precios mínimos de venta al exterior, lo que se traduce en una mejora del 1% en el tipo de cambio para los exportadores.
Desde la oposición, Guillermo Michel, ex titular de la Aduana, criticó estas medidas, argumentando que los controles de valor son esenciales para prevenir la evasión fiscal y las maniobras de sobre y subfacturación. Aseguró que la eliminación de estas herramientas solo busca debilitar el control estatal y facilitar el trabajo de asesores legales en el sector. (Fuente: Infobae)