La AFIP desbarató a una banda integrada por abogados y contadores que ofrecía "certificados de retención" declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera los "compradores" de este producto redujeron los montos adeudados y lograron financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva.
Como parte de la maniobra también utilizaban una Cooperativa de Servicios, que encubrían a más de 500 empleados no declarados y las obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos.
La operatoria se desactivó gracias a una investigación de la AFIP y luego de <b>allanar 6 domicilios en Entre Ríos</b> y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios cobrados y detalle de los "usuarios" (clientes) que adquirieron este "producto".
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por <b>el Juzgado Federal de la ciudad de Paraná que allanó 6 domicilios en Entre Ríos</b> y Buenos Aires, donde pudo secuestrar valiosa documentación que permitirá determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo investigados en el marco de una causa penal anterior.
El viernes pasado, <b>Elonce TV</b> pudo registrar un importante movimiento de agentes de la AFIP y Prefectura en el frente del edificio central de la agencia de Avenida Ramírez desde donde se trasladaron hasta un edificio de calle Nogoyá al 700, pero en la oportunidad, ante la reserva de las investigaciones, no se emitió información al respecto.
Además, la misma asociación ilícita, se encuentra involucrada con una empresa de transporte y una cooperativa de servicios que simulaba relaciones de dependencia bajo la figura de "asociados" de la cooperativa. Estas contrataciones no declaradas involucran un promedio de 500 empleados durante los últimos 5 años.
Por la maniobra, los responsables podrías recibir entre 6 y 9 años de prisión por el delito de “Simulación dolosa de pago” por la evasión de los 60 millones de pesos.