El presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena total que comenzó a regir a partir de la medianoche de hoy. Se trata de la última medida que el actual Gobierno dictaminó para prevenir la propagación del COVID-19 que, de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia, al 18 de marzo ya contaba con 97 casos de personas infectadas en el país. Sin embargo, la figura de aislamiento establecida por el DNU generó dudas entre qué lo diferenciaba respecto del anterior estado de emergencia dictaminado y un estado de sitio.
Según el decreto 297/2020 publicado en el Boletín Oficial, se determinó el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive. Esto establece que todas las personas que habitan el país o se encuentren en el mismo de forma temporaria tendrán que permanecer en sus hogares, con ciertas excepciones.
En los considerandos del DNU, el mandatario se amparó en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuyo artículo 12 fija que el derecho de circulación puede ser objeto de restricciones para proteger, entre otras cosas, la salud pública. También menciona el artículo 22 inciso 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que está en la misma sintonía.
Por otro lado, el Gobierno ya había declarado la emergencia sanitaria a través de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, aunque el 12 de marzo, por intermedio del decreto 260/20 la amplió por un año debido a la declaración del COVID-19 como una pandemia.
Esta declaración la da ciertas prioridades a la cartera de Salud en materia presupuestaria y de asignación de recursos por parte de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la figura de 'emergencia sanitaria' le otorga facultades a la autoridad sanitaria como disponer las medidas necesarias para mitigar el impacto del virus, realizar campañas de difusión e instar a las personas con síntomas a realizar cuarentena.
<b>¿Qué diferencias hay entre el aislamiento obligatorio y un estado de sitio?</b>
La figura mencionada aparece en el artículo 23 de la Constitución Nacional y puede declararse en todo el territorio o una provincia en particular en caso de que exista conmoción interior o ataque exterior. Por medio del estado de sitio quedan suspendidos los derechos y garantías constitucionales debido a que, tal crisis, pone en peligro la vigencia de la Constitución o perturba el orden constitucional.
Sin embargo, la declaración de estado de sitio, en uno o varios puntos del país, debe llevar la luz verde del Congreso, excepto que este se encuentre en receso y, en ese caso, el Presidente tiene la atribución de ejercer esta facultad.