El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que impulsa la modificación del régimen jurídico referido a perros potencialmente peligrosos (PPP) dentro de la Capital.

La principal novedad es que incluirá como exigencia que los tenedores de esos canes cuenten con un seguro contra terceros y que además obtengan una licencia, y que habilita al municipio a incautarlos en caso de incumplimiento.

La iniciativa surge luego de la conmoción generada por la muerte de Trinidad, la adolescente de 15 años que fue atacada en la vía pública por dos perros dogos en barrio Estación Flores, y de una reunión que mantuvo Llaryora con la madre de la joven fallecida, a quien prometió avanzar con medidas tendientes a evitar este tipos de sucesos.

La ordenanza propuesta gira en torno a dos ejes centrales: generar la trazabilidad que permita el seguimiento de estos animales e impulsar su tenencia responsable con nuevas exigencias.

El proyecto enviado al Concejo Deliberante, donde empezará a ser analizado desde esta semana, plantea modificaciones y agregados a la actual ordenanza 13.321, que creó el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos (RMPPP), a la ordenanza 9.575 de animales domésticos, a la ordenanza 11.006 de animales domésticos de compañía y a la ordenanza 12.468 del Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba.

Actualmente, los tenedores de animales potencialmente peligrosos en la ciudad de Córdoba deben registrarlos en la aplicación para celulares Huella Animal, creada por el municipio en mayo pasado. Pero el nuevo proyecto impulsa medidas más severas.

Jorge Folloni, secretario de Gestión Ambiental municipal, explicó que la intención del proyecto “es proponer un plan integral para el manejo responsable de perros peligrosos”. Y, a la vez, reforzar el control preventivo de la cría y comercialización de ese tipo de canes. También, un “seguimiento de la trazabilidad del animal desde el criadero o de la veterinaria, al tenedor”.

Las nuevas medidas

El proyecto plantea nuevas medidas, entre ellas, que los propietarios deberán gestionar una licencia como “tenedor de perros potencialmente peligrosos”, mediante la inscripción de esos animales en el registro oficial.

Además, tendrán que contratar un seguro de responsabilidad civil, que cubra eventuales daños a terceros, y realizar capacitaciones de tenencia responsable. Además, para obtenerla debe no haber sido sancionado por infracciones relacionadas a la tenencia de animales y declarar el domicilio donde se alojará el animal.

También contempla mayores controles para los establecimientos que comercializan animales peligrosos y la entrega del certificado de salud del animal al comprador. Y exigirá a los nuevos dueños la acreditación de los requisitos descriptos previamente como obligación excluyente para poder concretar la compra.

“Focalizamos la atención en criaderos y veterinarios, imponiéndoles obligaciones, y su incumplimiento puede ser plausible de multas”, anticipó Folloni a La Voz.

A su vez, recordó que se acentuará “la prohibición de la venta de perros en la vía pública”.

Otra medida es la creación de una “patrulla animal” con móviles del Ente Municipal BioCórdoba que recurrirá a domicilios particulares, ante una denuncia o por la registración en Huella Animal, para verificar que el hogar cumpla con las condiciones de seguridad que se exige para la tenencia de perros peligrosos, remarcó Folloni.

Obligaciones y controles en criaderos

El proyecto también incorpora obligaciones y controles sobre los criaderos, los que deberán contar con la habilitación propia de los establecimientos comerciales, y con un asesor veterinario matriculado que será el responsable del estado sanitario de los animales alojados en el mismo, en forma conjunta con el propietario y/o responsable de su cuidado.

Además, tanto los criaderos como los establecimientos que comercialicen perros potencialmente peligrosos, no podrán entregarlos si no se encuentran castrados.

En tanto, los profesionales a cargo de establecimientos que presten servicios médicos veterinarios, que estén vinculados a criaderos o no, y reciban perros potencialmente peligrosos para su atención, deberán pedir el trámite de inscripción en la aplicación informática “Huella Animal”.

La inobservancia de esta obligación hará solidariamente responsable a los profesionales tratantes y al titular del establecimiento involucrado, conjuntamente con los propietarios o tenedores del perro potencialmente peligroso, ante cualquier evento dañoso resultante y será causal de revocación de la habilitación oportunamente otorgada.

Asimismo, los responsables de los criaderos deberán llevar un registro detallado de la entrada y salida de los animales a su cargo e informar cada 120 días, por vía electrónica y en forma que establezca la reglamentación, a la autoridad de aplicación municipal.

Sanciones

Si el dueño, tenedor o paseador de perros potencialmente peligrosos incumple la norma será sancionado con el decomiso del animal, el que será inmediatamente alojado en lugar apropiado y a determinar por la autoridad de aplicación.

Y se le aplicará una multa de “50 a 250 Unidades Económicas Municipales (U.E.M.)”, además, de la realización obligatoria de un curso de capacitación en materia de tenencia responsable de animales de compañía y bienestar animal.

En caso de reincidencia, el mínimo y el máximo de la multa se incrementan en un 100%.

Se registraron unos 750 perros en Huella Digital

Hasta este lunes, vecinos de la ciudad inscribieron a 753 perros de razas consideradas potencialmente peligrosas en la aplicación Huella Digital.

En esas razas, se encuentran: rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, fila brasileño, american staffordshirem staffordshire bull terrier, mastiff, bullmastiff, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario, akita inu, y las cruzas que involucren algunas de estas variedades.

Los animales deben contar con un sistema de identificación electrónico, el cual debe ser colocado por un profesional veterinario cuyo costo está a cargo del dueño o tenedor.

En la misma aplicación, también se puede denunciar si el dueño del perro no cumplió con los requisitos de la ordenanza y también al 0800 888 0404.

Se estima que el número registrado es muy menor al real existente. Hasta la tragedia con la muerte de Trinidad eran solo 55 los registrados.