El encuentro en España, que contará con la presencia de los presidentes Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio, será la primera de las dos reuniones apuntadas en la semana. El club de la Ribera, además de una indemnización económica, reclama la obtención del máximo torneo continental a raíz de las agresiones que sufrió el plantel Xeneize el 24 de noviembre en su traslado al Monumental. La institución de Núñez tiene por objetivo demostrar que no tuvo responsabilidad en los desmanes ocasionados aquel día en la intersección de Lidoro Quinteros y Avenida del Libertador.
En medio de mucho hermetismo de las partes, los dirigentes de River y Boca expondrán este martes a partir de las 11 (las 7 de la Argentina) sus respectivos argumentos ante el TAS en la capital española, donde el Millonario obtuvo la Copa Libertadores tras imponerse 3-1 en el Superclásico, a fines del año pasado. Dicha final debió disputarse en el estadio Santiago Bernabéu por los incidentes de Núñez que generaron la suspensión del partido de vuelta. El próximo miércoles se llevará a cabo la segunda jornada de la audiencia.
Precisamente en ambas jornadas, el Xeneize defenderá su postura por la que solicitó la descalificación de River y, por consiguiente, la obtención de la Copa Libertadores. A tal fin, Boca estará representado por su abogado Mariano Clariá y el bufete español Pintó-Ruiz, al tiempo que la entidad de Núñez llevará a su letrado Gonzalo Mayo junto con los también ibéricos Senn-Ferrero.
Según interpreta el club de la Ribera, lo ocurrido el 24 de noviembre en el Monumental, donde resultaron lesionados Pablo Pérez y el juvenil Gonzalo Lamardo, producto de pedradas arrojadas al micro por hinchas de River, es un episodio que debe ser juzgado de igual forma al del gas pimienta, que le valió la descalificación a Boca contra River, en octavos de final de la Libertadores 2015. Pero los abogados del Millonario sostienen que esos hechos ocurrieron fuera del anillo de seguridad del estadio y aseguran que la responsabilidad de brindar garantías en la zona era del Estado, a punto tal que por el episodio renunció Martín Ocampo, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
"No hay antecedentes de cambio de resultado por temas de inseguridad, por lo que veo difícil que el TAS le dé la razón a Boca", adelantó el letrado Gustavo Abreu, miembro argentino del citado tribunal, cuyo fallo se conocerá en los últimos meses de 2019.