Un empresario rosarino fue condenado a ocho años de prisión por trata de personas con fines de explotación laboral, luego de mantener a dos trabajadores en condiciones infrahumanas en una obra de construcción en la localidad de Victoria. La sentencia fue dictada el pasado jueves por el Tribunal Federal de Paraná, tras un juicio que duró tres semanas.

El fiscal del caso, José Ignacio Candioti, explicó a Elonce los detalles del juicio: “Fue una sentencia dictada luego de un juicio oral y público realizado en el tribunal Federal de Paraná, donde se escucharon varios testimonios y se pudo reconstruir lo sucedido. Las víctimas, que eran jóvenes reclutados desde Corrientes, hicieron la denuncia a un abogado especializado en derecho laboral, quien alertó a las autoridades provinciales”.

Según el fiscal, la denuncia permitió que los inspectores de la Secretaría de Trabajo pudieran constatar las condiciones d en las que los trabajadores vivían y trabajaban. "Los empleados estaban en negro, no tenían recibo de sueldo ni acceso a obra social ni vacaciones pagas", detalló Candioti. Además, agregó que los salarios eran significativamente más bajos de lo que la ley estipula: “Les pagaban alrededor del 40% de lo que les correspondía según la normativa legal”.

Las condiciones de vida en el lugar eran igualmente precarias. “No tenían baños. Para hacer sus necesidades, tenían que hacerlo en el piso, en un pozo que habían hecho ellos mismos”, relató el fiscal, quien también señaló que para bañarse, los trabajadores debían calentar agua en una pava.

Además de la explotación laboral, Candioti subrayó que el empresario aprovechó la vulnerabilidad de los trabajadores para cometer el delito: "Se trata de un caso claro de trata de personas agravada, porque había una explotación prolongada en el tiempo, que se extendió durante varios meses. Eso aumenta la gravedad del delito", explicó el fiscal.

El tribunal también ordenó una reparación económica para las víctimas, en cumplimiento con la Ley Nacional de Trata de Personas, que establece compensaciones para quienes sufren explotación laboral. “El juez impuso una reparación económica de 9 millones de pesos a favor de los trabajadores”, señaló Candioti, destacando que esta medida se tomó de acuerdo con la ley 27.427, sancionada en 2017, que permite la reparación directa a las víctimas sin necesidad de una solicitud formal.

El empresario, identificado como dueño de la empresa constructora de la obra, podría seguir en libertad hasta que la sentencia quede firme. El abogado defensor de las víctimas, quien solicitó prisión preventiva, expresó su satisfacción con la condena, aunque destacó que el acusado aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación en los próximos 10 días. "Este tipo de delitos debe ser erradicado, y es fundamental que se siga avanzando en el proceso de reparación para las víctimas", agregó.