La Bombonera corrió la misma suerte que otros estadios de la Ciudad de Buenos Aires y, este martes, fue sometida a un allanamiento de parte de la fiscalía a cargo de eventos masivos, que encabeza Celsa Ramírez, con la actuación del juez Javier Buján. El Ministerio Público Fiscal y la Policía Judicial secuestraron pruebas, entre molinetes, cámaras de seguridad y documentación, que permitan esclarecer si se superó el aforo máximo permitido en el encuentro entre Boca y Lanús del pasado sábado por la Liga Profesional.

Con 26.500 lugares habilitados (el 50 por ciento de la capacidad total), quedaron dudas sobre la cantidad de público que dijo presente en La Boca, al comparar las populares cerca del máximo y las plateas con claros. Por ello, se abrió de oficio la investigación por "exceso de concurrencia y omisión de recaudos", mientras que la dirigencia xeneize asegura que ni siquiera se llegó al tope permitido, estimando que se cubrió solo el 46 por ciento.

Esta vez, para asegurar que no se pierdan elementos de prueba, el juez pretendió una clausura preventiva por cinco días, tal como sucedió con Nueva Chicago, de la totalidad del estadio, aunque finalmente se circunscribió a la parte de oficinas. A River, en cambio, se lo intimó a presentar más pruebas en 48 horas.

Así, La Bombonera se suma a las imputaciones que sufrieron por violación del decreto presidencial y resistencia a la autoridad los dirigentes de River tras el Superclásico y los de Vélez por su duelo con Independiente, más las investigaciones a Nueva Chicago por el acto proselitista del presidente Alberto Fernández y nuevamente al Monumental por Argentina - Uruguay por las Eliminatorias Conmebol. En este último caso, como en Boca, también se investiga la existencia de entradas adulteradas.