Esta semana, luego de que la detención de Carina Izaguirre se convirtiera en prisión preventiva, el juez Hernán Viri la procesó por los delitos de "amenazas, extorsión y usura". Se sospecha que, a través de coimas, se habrían armado préstamos con tasas de interés que casi triplicaban las de las entidades bancarias a través de la causa Potenciar Trabajo en Gualeguaychú.
La Justicia Federal de Gualeguaychú investiga una maniobra de corrupción que involucra a dirigentes sociales que, en nombre de la lucha por los más vulnerables, aprovechaban a las personas que decían proteger para lucrar a costa de ellas.
Según el juez Viri, en el marco de los planes nacionales Potenciar Trabajo, que se crearon bajo el gobierno de Alberto Fernández y fueron gestionados por movimientos sociales, se formó una red de corrupción que llegó a Gualeguaychú. Se estima que con los fondos recaudados a través de la cuota social, se otorgaban préstamos personales con tasas del 360% anual, mientras que los bancos y entidades financieras privadas cobraban un 130% anual, es decir, casi el triple.
Carina Izaguirre, líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Cuba, se encuentra detenida en la Unidad Penal N°9 “El Potrero”, pero el juez Viri aclaró que "en la causa hay alrededor de 10 imputados. En su caso, ya resolví su situación procesal. Una vez que termine la feria judicial en febrero, evaluaré la situación de cada uno e iré citando a las indagatorias". Entre los implicados se encuentran familiares de Izaguirre, como su hijo, y otros miembros de los movimientos sociales UTEP y Evita, a quienes también se les imputa por amenazas, extorsión y usura.
Viri explicó que las "amenazas" consistían en obligar a los beneficiarios de los planes sociales a realizar actividades políticas, como asistir a marchas; aquellos que se negaban debían pagar multas. En cuanto a la extorsión, se refería a la presión para entregar hasta un 10% del dinero que recibían del plan social, y en caso de negarse, se les quitaba el beneficio. La imputación más grave fue la de usura. A través de escuchas telefónicas y testimonios confidenciales, se descubrió que las personas vulnerables que acudían a estos préstamos recibían intereses desmesurados: mientras que un banco cobraba un máximo de 130% anual, ellos exigían hasta un 360% anual, lo que representaba un 226% más que lo que aplican las entidades financieras tradicionales.
Además, la Justicia descubrió transferencias de los beneficiarios de Potenciar Trabajo a los líderes de los movimientos sociales implicados y sus familiares directos. Viri destacó que se está profundizando la investigación sobre un posible lavado de dinero. Por ejemplo, el hijo de Izaguirre recibió más de 600 transferencias en los últimos tres años, sumando más de 50 millones de pesos. Izaguirre, en particular, recibió casi 600 transferencias de personas beneficiarias de planes sociales en el último año. Durante 2022 y 2023, adquirió tres vehículos nuevos y, según el juez, actualmente recibe una pensión no contributiva de 300 mil pesos.
Otra línea de la investigación apunta a las transferencias de dinero desde Gualeguaychú hacia la jefatura del movimiento social en La Matanza, Buenos Aires. Viri explicó que Mecha Martínez, referente bonaerense, mantenía una relación estrecha con Izaguirre y tenía la capacidad de dar de alta o baja a los beneficiarios del plan social. "Siempre trato de ampliar la investigación y escalar en la cadena de responsabilidades", señaló el magistrado, quien ordenó un allanamiento en La Matanza.
Viri también confirmó que, en los allanamientos realizados a mediados de diciembre, se encontraron grandes cantidades de alimentos enviados por el Estado Nacional para comedores comunitarios. Muchos de estos productos estaban vencidos o próximos a caducar. "Inmediatamente ordené el secuestro y lo puse a disposición del Ministerio de Capital Humano para evitar que se desperdiciaran", agregó.
En otros domicilios se hallaron cuadernos con anotaciones, celulares que fueron analizados, y pruebas que demuestran el entramado irregular relacionado con los planes sociales. El juez subrayó que la investigación continúa avanzando y no descarta nuevos allanamientos o detenciones en el futuro. (Con información de R2820)