La jueza de Garantías Nº 4 Paola Firpo decidió el viernes 28 dar por fracasada la audiencia en la que se abordaría el pedido de nulidad de una entrevista que mantuvo un abogado-testigo, de quien se supo que sería el abogado del Fideicomiso Barrio Médico II, eje del caso, con los fiscales que llevan adelante la causa que públicamente se conoce como Círculo Médico, por la falta de notificación de la audiencia a todos los imputados y sus respectivas defensas. La entrevista se realizó en el contexto de la investigación que se sustancia para determinar la responsabilidad de los médicos Justo José Uranga, Ignacio Martín Uranga, Carlos Narciso Otaño, Alejandro Karavokiris, Raúl Arturo Hetze, Alberto Genaro Vilanova, Carlos Aníbal Berlo, Raúl Francisco Rodríguez y Ubaldo José Ibarzábal, todos ex integrantes de la Comisión Directiva (CD) del Círculo Médico de Paraná (Cirme), y del contador Lucio Figueroa.
La acusación que pesa sobre el grupo es por el supuesto delito de Administración infiel. La denuncia fue promovida por Alfredo Eduardo Angarola, Luis Aníbal Ríos y Eduardo Héctor Vesco, integrantes de la actual CD.
En la audiencia del viernes, tras consultar a las partes presentes, las que fueron notificadas y las que no, Firpo decidió dar por fracasada la audiencia y sugirió su reprogramación para el martes 1º de agosto en horario vespertino, en función de que dos de los letrados -Hugo Gemelli y Emilio Fouces- que representan a algunos de los imputados no estaban presentes en la audiencia. El motivo de la ausencia se debió a que no fueron notificados por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Sí estuvieron notificados los letrados que solicitaron la audiencia, José Velázquez y Guillermo Brunner, que representan a los hermanos Uranga. "Por casualidad" se presentaron en la audiencia, pero como parte del público, los abogados defensores Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli e Iván Vernengo, quienes se enteraron minutos antes de la audiencia en la que se abordaría una instancia que podría tener consecuencias para sus representados, publica <i>El Diario</i>.
El fiscal Gervasio Labriola propuso que se reprogramara la audiencia, recibiendo la adhesión de la querellante Rosario Romero y de Velázquez y Brunner, y deslindó responsabilidades de la "omisión" en la OGA. Desde la Oficina, tras la noticia de que la audiencia se había suspendido y se solicitaba su reprogramación, se informó que Labriola no precisó los nombres de todos los imputados ni los de sus defensores, como así tampoco sus respectivas direcciones y correos electrónicos. Sí se indicó desde la OGA que detalló el de los querellantes particulares Rosario Romero y Santiago Halle, y el suyo.
La OGA le recordó al fiscal que, tal como lo dispone el artículo 19, inciso b, 4º párrafo del Reglamento para Oficias Judiciales que fue aprobado por Acuerdo General Nº 28 el 9 de septiembre de 2014, "será responsabilidad de la Unidad Fiscal informar a la Oficina de Gestión al solicitar la audiencia, los cambios de defensores que se hubieran producido en el ámbito de la Fiscalía, como así también la intervención o no del Ministerio Pupilar, la existencia de querella con sus respectivos datos, y el domicilio del imputado o sospechado".
Fuentes judiciales consultadas exhibieron su sorpresa por la situación, pero además ironizaron respecto a que la "omisión" sólo comprendió a las defensas. También surgió un sordo pero persistente cuestionamiento a las denominadas "entrevistas informarles que mantienen los fiscales con los testigos o posibles testigos en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), sin la presencia de la defensa". Un reconocido letrado aportó que tales entrevistas "perjudican el ejercicio de la defensa, porque cuando la declaración del testigo sirve para acusar tiene todas las formalidades, pero cuando favorece al acusado, o no se notifica a la defensa de un testigo que puede aportar a la hipótesis o teoría del caso de la defensa, como les gusta decir ahora, o se la minimiza en el juicio, como ya ha ocurrido".