La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó en el Complejo Penitenciario de Ezeiza el programa MANOS A LA OBRA, que implementará el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en todo el país con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles.
“Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del SPF, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich. Y agregó: “Nosotros conocemos bien nuestra Constitución. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias, no para castigos sino para la reinserción. Y el Código Penal de la Nación dice que las personas privadas de su libertad deben hacerse cargo de mantener las instalaciones penitenciarias y de pagar con su trabajo aquello por lo que hoy están detenidas. Con este programa no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir con nuestro Código Penal”, afirmó.
Y añadió: “Si un juez nos dice que le tenemos que pagar por no trabajar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque eso es una injusticia para la sociedad. “Nosotros queremos reinserción, pero no en base a la comodidad de aquella persona que afuera prefería robar en vez de trabajar y que aquí quiere llevarse un sueldo sin trabajar”. “Eso no va, se terminó”, dijo tajante la titular de Seguridad.
"Manos a la obra es ocio cero. El ocio además no es un tratamiento penitenciario. Es entrar en la cultura tumbera y no lo vamos a permitir; esa es la cultura de la destrucción social. A partir de ahora, todos los presos van a trabajar”, indicó Bullrich.
“Nuestro objetivo es devolverle a la sociedad lo que se le quitó. No queremos volver a mandar un delincuente a la calle, pero tampoco queremos que los delincuentes, en vez de trabajar, como hace cualquier persona que todos los días se levanta y toma un tren, un colectivo, monta un caballo o va caminando a su trabajo en cualquier parte del país para cobrar un salario, aquí cobren un salario por no hacer nada. No vamos a aceptar esa injusticia, ni vamos a aceptar que el salario de una persona que sí trabaja en las cárceles sea igual o mayor al de aquella persona que ha hecho las cosas bien. Distinguimos a los hombres y las mujeres de bien de aquellos que han roto el compromiso de mantener la ley y una sociedad segura”, afirmó la ministra. “Se terminó que todos los presos cobren sin trabajar”, enfatizó.
La titular del ministerio de Seguridad adelantó que presentará un proyecto para un cambio sustancial en la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, entre otros cambios de fondo, “que reglamente que el trabajo es trabajo y al que no trabaje no le vamos a pagar un salario”, sostuvo.
“Cada una de estas cárceles son impuestos acumulados de ciudadanos que son robados, asesinados, violados y que después tienen que poner plata para pagar la cárcel que no arreglan los que están adentro. Esa injusticia se termina”, destacó la ministra.
La ministra resaltó el profesionalismo del personal penitenciario y dijo que con MANOS A LA OBRA espera expresar el sentimiento de todos los penitenciarios que trabajan todos los santos días. “El que quiera trabajar va a tener trabajo, y el que no quiera va a tener que trabajar igual, porque si no, no va a cobrar”.
“Estamos aplicando la filosofía de terminar con la impunidad y la injusticia que da lo mismo robar que no robar, matar que no matar. Claramente no da lo mismo”, dijo la ministra en el cierre de la presentación.
Gestión del SPF
El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, repasó la gestión del SPF de los últimos 10 meses: “Hemos instalado en el sistema de presos de alto riesgo. Hemos soportado 620 hábeas corpus y ganamos todos.
Contó que comenzarána cruzarse bases de datos entre las personas que cobran pensiones por invalidez y las personas que están dentro del sistema penitenciario, ya sea que estén cumpliendo condenas o estén procesadas para dar de baja a los internos que estén cobrando una pensión por invalidez a pesar de haber infligido un daño a la sociedad.
Curi señaló que se está trabajando en un proyecto para modificar la ley orgánica del SPF, para volverla “más corta, más concisa, que recoja las necesidades de la institución”. También que se modificaron los pliegos para que las licitaciones de compra de comida sean más amplias, donde cualquier empresa pueda competir. “Estamos generando mecanismos de transparencia para superar los problemas que todos sabemos que existen en esta cuestión de la vida intramuros” contó el subsecretario.
Cambios
Fernando Martínez, director nacional del SPF, dijo que la implementación del programa reafirma el compromiso del SPF para modificar “las cosas que están mal desde hace mucho tiempo”. En ese sentido, contó que en el período 2020-2024, el presupuesto del ente cooperador penitenciario subió casi un 700% “con un solo objetivo, que era pagar un subsidio encubierto a los internos que no trabajaban y cobraban igual, con un presupuesto millonario”, sostuvo. Y agregó: “En paralelo, era un reclamo histórico de los directores de las Unidades que los talleres no funcionaban, que estaban vacíos, que los internos no tenían producción”.
El relevamiento que hizo la gestión a cargo de Bullrich demostró que solo estaba ocupada el 34% de la capacidad laboral, cuando se puede alcanzar más del 60%.
Martínez detalló que los detenidos confeccionarán los uniformes del personal penitenciario y de los internos, entre otras labores.
Prueba piloto
La prueba piloto del programa comenzó en el Complejo 4 de mujeres de Ezeiza. Rápidamente, el personal penitenciario organizó un esquema para que las internas se encarguen del mantenimiento de los edificios.
Actualmente, se están terminando de pintar los interiores de las instalaciones para continuar con el exterior, y esto se replicará en todo el país.
El programa también incluye la implementación de sistemas biométricos para el control de horarios. Además, la clasificación de los internos permitirá una asignación eficiente de las tareas, bajo la estricta supervisión del SPF.
Estuvieron presentes junto con la ministra: el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, el director y subdirector del SPF, Fernando Martínez y Diego Morel, respectivamente; el director general del Cuerpo Penitenciario, Leí Zamón; el director general de administración, prefecto Jorge Alejandro Quintramar; el presidente del ente cooperador, prefecto Juan Manuel Bosia; y la jefa del Complejo Penitenciario Federal IV, prefecto Roxana Blanco.