Efectivos del la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Cinturón Sur" recibieron un pedido de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación para iniciar con las tareas investigativas sobre un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral en un taller textil. El mismo se estaría realizando en un inmueble de 5 pisos ubicado en el barrio de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires.
Tras dos meses de reunir información, los gendarmes lograron concluir que en el lugar se estaban descargando rollos de telas y por las noches se extraían bolsas de consorcios cargadas con ropa. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, autorizó un allanamiento en el sitio.
Los uniformados junto con el personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Consejo de la Minoridad y la Niñez del Gobierno de la Ciudad, Dirección Nacional de Migraciones, Administración Federal de Ingresos Públicos y Dirección Nacional de Fiscalizaciones y Control del Gobierno de la Ciudad; se dirigieron hacia el lugar donde se entrevistó a 17 personas y se detectó que seis de ellas presentaban indicios de explotación laboral, tres se encontraban residiendo de manera ilegal en el país y otros ocho no se encontraban declarados como trabajadores en blanco y percibían pagos mínimos (del cual se le descontaban el alojamiento y la comida).
Además, los funcionarios hallaron 1.685.510 pesos argentinos, 1.700 dólares, numerosos rollos de telas, hilos, prendas de vestir en etapa de confección, bolsas de nylon con apliques, etiquetas y estampados de diferentes marcas como así también anotaciones y talonarios de facturación de la venta y despacho de ropa a los diferentes puntos de ventas. Asimismo, secuestraron cuatro celulares, tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas, dos DVR y documentación de interés.
Ante estos resultados, el Magistrado interviniente dispuso que cinco ciudadanos de nacionalidades boliviana y peruana quedaran supeditados a la causa, en infracción a la Ley 26.842 "Trata de Persona", los elementos fueron decomisados y el taller quedó clausurado. Mientras que, los trabajadores fueron asistidos y puestos al resguardo.