Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos, está detenido en la cárcel de Paraná en el marco de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Casación Penal de Paraná por su condena de 8 años por la comisión de delitos en el seno de la administración pública.

Al respecto, Javier Baños, abogado defensor, dialogó con el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y explicó que “es un proceso complejísimo. Hay dos cuestiones que hay que entender y una es la que tiene que ver con el fondo del asunto, es decir, con la culpabilidad o inocencia del exgobernador. La otra cuestión tiene que ver con la detención y prisión preventiva. Aunque se vinculan indirectamente, no siempre corren paralelas. En esta causa están transcurriendo en dos carriles diferentes”.

Remarco que “hay un recurso extraordinario federal concedido contra la sentencia condenatoria, en donde la máxima autoridad federal, es decir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a tener que expedirse sobre la culpabilidad o inocencia de Sergio Daniel Urribarri”.

En forma independiente “desde nuestro punto de vista, bastante arbitraria e ilegal, se ha dispuesto la detención o prisión preventiva de nuestro defendido”.

Baños aclaró que “hasta tanto el estado no pueda exhibir el único título jurídico que legitima una restricción definitiva al principio de inocencia, que es una sentencia condenatoria firme, el estado está obligado a darle trato jurídico de inocente a un imputado”.

En el caso de Urribarri, “la sentencia no está firme y, además, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, hace muy poco declaró admisible el recurso extraordinario federal para que intervenga la Corte Suprema de la Nación y revea la condena dispuesta en dos instancias anteriores contra el exgobernador. Estamos muy lejos de que esa sentencia quede firme, todavía se tiene que expedir la máxima autoridad federal en un recurso interpuesto por arbitrariedad de la decisión que no hace lugar al recurso que había interpuesto Urribarri contra su condena”.

Con relación a la medida cautelar, es decir, la prisión preventiva, dijo que “se solicitó, por un lado, el habeas corpus, ya que consideramos que esa detención era muy arbitraria. En forma paralela, la decisión del Tribunal de Casación Penal de la provincia no estaba firme. De hecho, el viernes se interpuso un recurso extraordinario provincial, una impugnación extraordinaria ante el STJ, para que revea este pedido de detención de Urribarri. Por lo tanto, no está firme la condena y es jurídicamente inocente porque el fallo tiene que ser revisado por la máxima instancia federal. En paralelo, tampoco está `firme´ la prisión preventiva, porque se acaba de articular un remedio extraordinario provincial e incluso la autoridad provincial que había dispuesto la detención fue la que hoy declaró admisible este medio de impugnación extraordinario ante el STJ”.

Entonces, resaltó, “tranquilamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría decir que Urribarri es inocente, como creemos nosotros que lo va a decir. En forma paralela, no está firme su prisión preventiva”.

Consultado respecto a por qué en el fallo del Tribunal de Casación, que dicta la prisión preventiva a Urribarri, se aduce que es por existir peligro de fuga, Baños expresó: “Nos cuestionamos cuál es el argumento que tuvo el Tribunal de Casación para ordenar la detención de un exgobernador. Nos parece que no hay ningún elemento. Lo único que puede justificar una medida cautelar mientras la sentencia no se encuentre firme son los peligros procesales: el de fuga o entorpecimiento probatorio. A esta altura del proceso es ridículo pensar en peligro de entorpecimiento probatorio. Peligro de fuga no hay. De hecho, Urribarri, al ser notificado de la sentencia condenatoria, siendo embajador ante el Estado de Israel y teniendo la completa posibilidad de profugarse, lo primero que hizo fue renunciar al cargo y viajar a Buenos Aires para ponerse a derecho. Desde ese momento hasta hoy permaneció todo el proceso ajustado a derecho. No ha variado su situación procesal, de hecho, ha mejorado. Al haberse admitido el remedio extraordinario federal, si había algún peligro de fuga se ha atenuado de manera muy considerable porque una sentencia que podía llegar a quedar firme en lo inmediato, ahora va a tardar varios meses o quizás años en adquirir fermisa. Es algo que no se entiende lo que hizo el Tribunal de Casación”.

Aclaró que “es el mismo Tribunal de Casación que ahora acaba de admitir la impugnación extraordinaria ante el STJ. Parecería que hay marchas y contramarchas en este mismo proceso judicial. El Tribunal de Casación ha admitido el remedio de impugnación extraordinaria contra la orden de detención y tenemos muchas esperanzas de que el Superior Tribunal ponga paños fríos y reestablezca el orden constitucional que nos parece tremendamente afectado en este proceso”.

Dijo que, si bien no habló en los últimos días con Urribarri, supo que “estaba muy mal porque entiendo que es muy difícil tener que soportar semejante injusticia. Es una persona que prácticamente ha redactado las leyes que los mismos magistrados hoy tienen arriba del escritorio a la hora de decidir sobre su situación procesal. Las injusticias son tremendas. Ahora cuando las injusticias son sufridas por una persona que ha vivido tan de cerca el poder, es como que se sufre, me imagino, de una manera muy importante”.

La orden de detención “nos tomó por sorpresa, es muy arbitraria, no hay ningún riesgo procesal. Es un disparate sostener que existe un peligro de fuga porque durante todo el proceso lo único que hizo Urribarri fue acatar todas y cada una de las disposiciones judiciales. Mientras su situación procesal fue empeorando no se dispuso la detención. Ahora que el STJ acaba de conceder el recurso extraordinario federal, sale el Ministerio Público solicitando una orden de detención y el Tribunal de Casación autorizándola. Es algo que no se entiende. Es arbitrario, ilegal, completamente irracional. Vulnera todos los principios más elementales del derecho procesal penal de la provincia, sino de la Constitución Nacional y los que surgen de los Tratados Internacionales. Son disposiciones vinculantes para cualquier magistrado de este país porque comprometen la responsabilidad internacional del estado argentino”.

Y resaltó: “Confiamos absolutamente en la justicia de Entre Ríos, en el máximo tribunal provincial". Elonce.com