Esta modificación que aplica el máximo órgano de justicia entrerriano repercutirá sobre la víctima, hoy adulta, que durante toda su infancia soportó abusos sexuales por parte de su padre.
El dispendio jurisdiccional que significa volver atrás con una causa (y son varios los casos que anularon) ya tenía resolución en tribunales colegiados cayó mal dentro del Poder Judicial donde hay severas cuestiones presupuestarias.
La Sala Nº 1 en lo Penal del STJ integrada por los vocales Claudia Mizawak, Miguel Giorgio y Germán Carlomagno sostuvieron que en la presentación realizada por el defensor Augusto Lafferriere, quien representa en esta etapa recursiva al acusado, se evidencian irremediablemente afectados los derechos y garantías constitucionales del imputado, quien fue juzgado y condenado por un Tribunal manifiestamente incompetente para ello, de acuerdo a la previsión legislativa aplicable.
De esta forma, los vocales ordenaron que el caso vuelva a la etapa de remisión a juicio y que se le de intervención a la Secretaria de Juicio por Jurados de Paraná y a la Dirección de la Oficina de la Mujer del STJER para que en forma conjunta y de acuerdo a las pautas que “oportunamente se definan, instruyan a los miembros del jurado interviniente en procesos de esta naturaleza”.
Reproches del STJ
Según el fallo del STJ, el caso en cuestión fue remitido a Juicio el 2 de diciembre de 2020 cuando ya no regían las disposiciones del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado hasta el 9 de noviembre de 2020 por el Covid y que hubieran imposibilitado la realización del Juicio por Jurados.Por eso los jueces dicen que “es que corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado desde el momento de la apertura del juicio oral decretado por la Jueza de Garantías".
El caso fue juzgado ante el vocal el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Paraná N°2, Walter Carballo, que en su carácter de Juez unipersonal aplicó una pena de 15 años de cárcel para el acusado. Además dispuso que el condenado siga en libertad hasta que el fallo quede firme con restricciones.
En el debate, la fiscalía a cargo de Valeria Vilchez y Mercedes Nin dieron por acreditado los abusos sexuales entre 2014 y 2018. Por tal motivo pidieron aplicar una pena de 17 años de cárcel. Las representantes del Ministerio Público hicieron un detallado repaso de los testigos y resultados de las pericias practicadas a lo largo de los años.
A su turno el abogado querellante Boris Cohen coincidió con la fiscalía en el pedido de condena y en la cantidad de años. La defensora Corina Beisel se opuso al pedido de condena, solicita la absolución. Además aseguró que los testigos del caso mienten.
Beisel sostuvo que la denuncia se basó en motivos secundarios, urgidos a partir de una mala convivencia entre la madre de la joven y el acusado, y por eso la necesidad de realizar la denuncia, que a su entender y con todo respeto, conforme a lo que ha sido aportado por los diferentes testigos que declararon en el debate, de la misma se puede predicar una duda.
